La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de hábeas corpus interpuesto por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de Derechos Humanos de esta (Idhuca) por medidas ilegales implementadas en la Dirección General de Centros Penales al decretar un «nuevo régimen penitenciario».
Las cárceles intervenidas fueron Complejo Penitenciario Izalco (fases 1, 2 y 3), Máxima Seguridad de Zacatecoluca, Quezaltepeque, Ciudad Barrios y Francisco Gotera en el mes de abril, luego que el Gobierno señalara que el incremento de homicidios fuera ordenado por pandilleros privados de libertad.
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Con este nuevo régimen, alrededor de 16 mil miembros de pandillas permanecerán en encierro total, según lo aseguró el Director General de Centros Penales, Osiris Luna.
Por lo tanto, se comenzó a instalar planchas metálicas en las celdas de los referidos penales para que no se comuniquen entre internos, “los privados de libertad le tienen miedo al régimen implementado en Zacatecoluca, desde este día lo van a vivir en todos los centros penales”, expresó el funcionario en su momento.
Así también, se realizaron traslados y requisas; estos actos fueron señalados incluso por organismos internacionales debido a los procesos que ponen en hacinamiento a reclusos en el marco de la pandemia de COVID-19, así como la vulneración a los derechos de los reos, lo que fue criticado por el Presidente Nayib Bukele y lo señaló como apoyo a las pandillas.
«El Estado debe cortar con todas las herramientas para atender adecuada y suficientemente los altos niveles de inseguridad y violencia que golpean a la sociedad salvadoreña, pero en esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas, más allá de cuál haya sido su conducta», indicó el Idhuca.
El Máximo Tribunal admitió el recurso y ordenó medidas cautelares, donde se deberán suspender medidas de máxima emergencia o régimen penitenciario dispuesto por el Presidente a través de twitter que no se encuentren justificadas y reguladas en la ley y sean contrarias a la jurisprudencia constitucional e internacional.
Asimismo, el juez ejecutor para verificar estas acciones será uno de los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal, quien deberá intimar al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas y al Director de Centros Penales para que se pronuncien sobre las vulneraciones constitucionales que fueron alegadas.
Este juez también tiene que verificar en los registros de las autoridades gubernamentales la existencia de documentación donde se establezca cuáles son las restricciones impuestas en los centros penales y las medidas ordenadas para prevenir y contrarrestar el contagio de COVID-19, así como protocolos a seguir ante el hallazgo de contagio, además de identificar cantidad de personas contagiadas.
El informe deberá ser presentado en cinco días.
