El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que la Alcaldía de San Salvador deberá desclasificar y entregar información sobre el contrato del servicio de videovigilancia que se instalará en la capital para “prevención de violencia, delincuencia y desarrollo local”, por tratarse de información pública.
El Pleno de comisionados determinó que para cumplir con la información solicitada por el ciudadano Roberto Rivera Ocampo, la comuna debe entregar el acuerdo municipal de adjudicación del proyecto y el expediente de empresas que participaron en la licitación.
El 19 de febrero Rivera Ocampo pidió a la municipalidad, el contrato de servicio, el acuerdo municipal para contratar ese servicio; la ordenanza municipal donde se establece la tasa a cobrar –que es del 4%-; el expediente de la licitación para otorgar el servicio de videovigilancia y las empresas que participaron en el concurso para proveer dicho servicio, que le costará a los capitalinos $84 millones y será pagado en un plazo de 15 años.
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Sin embargo, la alcaldía comunicó que la información pasó “a reserva”, según lo norma el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (IAIP), por supuestamente perjudicar la “seguridad pública por contener información delicada en relación a rutas de conexión de fibra óptica […] información de alta sensibilidad para el funcionamiento del proyecto y de caer en manos equivocadas puede caer en efectos adversos”.
“Para efectos de contraloría social, que es lo que nosotros queremos hacer, los detalles técnicos son irrelevantes, queremos conocer los detalles legales, financieros y administrativos de toda la licitación”, respondió Rivera Ocampo a la primera apelación que hizo la Alcaldía.
Una investigación de un medio escrito reveló la relación de la empresa SeguriTech Integral Security, con la gestión del ex Alcalde Nayib Bukele (2012-2015) en la cual consigna que esta empresa, ofertó los servicios en la gestión del actual edil Ernesto Muyshondt, a pesar que demandó a la comuna por incumplimientos contractuales. Pese a ello, fue retomada la oferta.
“El proceso de licitación no ha estado exento de cuestionamientos, esta empresa pagó un vuelo a un alto funcionario del Gobierno; lo que abre a varias preguntas como la finalidad o sobre los montos tan alto, que al final vamos a terminar pagando por medio de una tasa”, cuestionó Rivera Ocampo, el 9 de marzo de 2020.
La municipalidad debe entregar una versión pública de las adendas, en un período no mayor a diez días.
