La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio como incumplida la resolución de un amparo presentado contra las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por exigir a salvadoreños y residentes permanentes la presentación de una prueba negativa de coronavirus para ingresar el territorio al arribar al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Esto luego que el 19 de septiembre, día de la reapertura del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, los titulares de CEPA y la DGME, ratificaron el requisito. Este consiste en la presentación impresa de la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) a las aerolíneas, tres días antes de abordar el avión en el puerto del embarque.
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En esta disposición no aplica diplomáticos, niños menores de dos años y miembros de la tripulación de los aviones.
Al respecto, los Magistrados dijeron que “ningún funcionario o particular puede arrogarse la atribución de dictaminar cuándo se ha cumplido una sentencia o resolución pronunciada por esta Sala, de ampliar o restringir el sentido y alcance de su ejecución o de señalar los cursos de acción que derivan de su cumplimiento”.
Cuando el Gobierno, supuestamente “trasladó” la responsabilidad a las aerolíneas para que certifiquen la prueba negativa, advirtieron que se trata de “una forma fraudulenta de evadir el incumplimiento de la medida cautelar”.
En ese sentido, la Sala expuso que presentarán un informe a la Fiscalía General de la República, certificando los delitos de desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros, derivados del incumplimiento de la resolución. “Esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados”.
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