«Nosotros no hemos negado la información»: Ministro de Defensa sobre inspección de archivos militares de caso Masacre de El Mozote

Luego que el pasado lunes 21 de septiembre el director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Coronel Carlos Vanegas, negara el acceso a las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada para iniciar la diligencia judicial de inspección de archivos militares en el caso de la Masacre de El Mozote, el Ministro del ramo, Francis Merino Monroy, sentó postura sobre el acontecimiento en una entrevista matutina este miércoles.

Merino Monroy se refirió a la promesa que hizo el Presidente Nayib Bukele en noviembre de 2019, donde aseguró que si se le requerían los archivos militares «de la A a la F, les vamos a dar de la A a la Z».

«El Señor Presidente está cumpliendo con lo que prometió, nosotros no hemos negado la información, cada vez que se nos requiere la información referente a ese caso, nosotros ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista referente a eso y se las entregamos bajo una certificación […] Estamos entregando la información que nos pide, lo que ha dicho el presidente no se ha violado, se está dando lo que se pide», aseguró el Ministro de Defensa.

Fuerza Armada negó el acceso a la inspección de archivos militares en el caso El Mozote que iniciarían este lunes

No obstante, la primera inspección de los archivos militares bajo orden judicial iniciaría el pasado lunes  dirigida por el juez que conoce el caso en el Juzgado de Instrucción de Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, y acompañada por peritos internacionales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), organizaciones y querella, fue impedida por un militar.

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Según Merino, esto corresponde a que «tenemos otra imposición que es constitucional y estamos respetando lo que la constitución manda, dándole cumplimiento a las leyes de la República».

En el bloqueo a la inspección, el Coronel Vanegas manifestó al juez del caso que no permitiría el acceso a los archivos basado en el artículo 168 ordinal séptimo de la Constitución de la República, «hay una prohibición expresa de la revelación de los planes secretos, esa prohibición se extiende para los órganos del Estado incluso».

El artículo citado se refiere a las atribuciones del Presidente de la República y reza lo siguiente: «Dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos […]».

En la entrevista, Merino Monroy dijo: «No creo conveniente extenderme más en el caso porque hay aspectos legales de por medio, por lo que si yo comienzo a hablar, aparte que no soy abogado, voy a entorpecer los procesos de investigación».

A su salida no habló con la prensa.

Días atrás, el 10 de septiembre, el Ministro de la Defensa solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspender la inspección de archivos militares, petición que fue rechazada por los magistrados en pleno.

Ministerio de Defensa había solicitado a la Corte Suprema suspender la inspección de archivos militares

De acuerdo con el escrito que envió el titular de Defensa, Francis Merino Monroy, se alegó que la apertura de estos archivos podría implicar poner en riesgo la seguridad nacional.

Este aspecto fue parte del argumento de la defensa de los militares implicados en la audiencia especial realizada el 29 de agosto cuando se fijaron las fechas de inspección; sin embargo, el Juez del caso, Jorge Guzmán Urquilla, aseveró que esa posición era «dilatoria del proceso» y se descartaba debido a que es información de hace cuatro décadas, pues los planes militares de 1981 que ejecutaron la masacre El Mozote no le parecieron que puedan significar un agravio o peligro para la seguridad nacional.

Además, Guzmán señaló que la decisión no era válida, pues la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) desestima esa narrativa, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, ante los resultados de impedir la primera diligencia judicial que ordenaba la inspección de archivos militares luego de cerca de 30 años de la firma de Acuerdos de Paz, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenaron el hecho y recordaron al Gobierno que existe una sentencia que ordena dar acceso a estos.