Este martes, se tiene previsto que el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador desarrolle la audiencia preliminar contra Roberto Carlos Silva Pereira, ex Diputado de 45 años acusado de cohecho activo y casos especiales de lavado de dinero y activos.
El ex parlamentario de 45 años, enfrentará la acusación mediante videoconferencia que será transmitida desde el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, lugar donde se encuentra guardando prisión desde el 8 de enero, fecha en que fue extraditado al país tras ser capturado en Estados Unidos.
Silva Pereira en esa ocasión fue remitido a la Cámara Primera de lo Penal con base a la declaratoria de rebeldía y una orden de captura emitida por los magistrados el 25 de enero del año 2007, no obstante se declaró incompetente de continuar conociendo el caso del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, por haber concluido el periodo para el cual fue electo (2006-2009) y remitió las diligencias para el Juzgado 2° de Instrucción, para ser acusado en calidad de civil, pues el fuero se había convertido en un impedimento legal.
Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al ex legislador supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado, supuestamente un reporte de operaciones sospechosas fueron detectadas en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, y que según las investigaciones fiscales son producto de actividades delictivas que realizó el Silva cuando supuestamente sobornó a alcaldes de 14 municipalidades del oriente del país.
Supuestamente ofrecía y entregaba dádivas a fin de que los alcaldes le adjudicaran la ejecución de obras públicas de manera ilegal ya que en ningún momento las empresas de las cuales él era el apoderado o administrador único recibían invitación ni participaba en las licitaciones públicas conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de la Administración Pública (Lacap).
De acuerdo a la Fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía el procesado los colocaba en el sistema financiero para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos, yates, gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa, que ascienden a $14 millones.
Sobre Silva Pereira pesan más acusaciones
La Fiscalía guatemalteca vinculó en febrero de 2009, al ex legislador salvadoreño con el asesinato en Guatemala de tres diputados de El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, en febrero de 2007.
En ese entonces Silva Pereira, se encontraba detenido en Arizona (EE.UU.) a la espera de ser extraditado al país para que responda por delitos de lavado de dinero y corrupción, sería el «autor intelectual» de la cuádruple matanza.
De acuerdo con las investigaciones efectuadas en Guatemala, se determinó la posible participación del señor Silva Pereira en la planificación, coordinación y ejecución de los asesinatos de los legisladores salvadoreños.
El móvil del crimen, según el fiscal, habría sido «una venganza» de parte de Silva Pereira en contra de los parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), porque estos aprobaron en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa por delitos de lavado de dinero y corrupción.
La matanza, según la Fiscalía, habría sido planificada por Silva Pereira con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, coordinada por el socio de éste Carlos Gutiérrez, alias «Montaña 3», y ejecutada por los integrantes de la denomina «Banda de Jalpatagua» y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.
