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El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, reprogramó para el 2 de febrero del próximo año la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, debido a que renunciaron sus abogados defensores.
Este martes, la jueza nombró en la diligencia a los abogados Nelson García y Rey Nochez Peña, quienes defenderán a Silva Pereira en el proceso. Por tal razón, la audiencia será aplazada para que tengan el tiempo necesario para estudiar las 53 piezas que conforman el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Silva Pereira es acusado de cohecho activo (soborno) y casos especiales de lavado de dinero y de activos; supuestamente, ofreció a 14 Alcaldes dinero en efectivo a cambio de que éstos lo beneficiaran con proyectos de construcción. Para ello fueron utilizadas las empresas CED S.A. y Provecom, propiedad del ex parlamentario del PCN.
Según la acusación, obtuvo $10 millones de dólares en ganancias con los contratos que no pasaron a licitación pública, tal y como lo establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
De acuerdo a la investigación, los hechos habrían ocurrido durante los años 2002 hasta marzo de 2006, antes de su elección como diputado.
Según la acusación los fondos de origen ilícito que disponía el procesado los colocaba en el sistema financiero para luego estratificarlos comprando bienes inmuebles, vehículos de lujos, yate, gastos suntuosos que tenía el procesado y su esposa.
Sobre Silva Pereira pesan más acusaciones
La Fiscalía guatemalteca vinculó en febrero de 2009, al ex legislador salvadoreño con el asesinato en Guatemala de tres diputados de El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chofer, en febrero de 2007.
En ese entonces Silva Pereira, se encontraba detenido en Arizona (EE.UU.) a la espera de ser extraditado al país para que responda por delitos de lavado de dinero y corrupción, sería el «autor intelectual» de la cuádruple matanza.
De acuerdo con las investigaciones efectuadas en Guatemala, se determinó la posible participación del señor Silva Pereira en la planificación, coordinación y ejecución de los asesinatos de los legisladores salvadoreños.
El móvil del crimen, según el fiscal, habría sido «una venganza» de parte de Silva Pereira en contra de los parlamentarios del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), porque estos aprobaron en noviembre de 2006 que le retiraran su inmunidad legislativa por delitos de lavado de dinero y corrupción.
La matanza, según la Fiscalía, habría sido planificada por Silva Pereira con el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, coordinada por el socio de éste Carlos Gutiérrez, alias «Montaña 3», y ejecutada por los integrantes de la denomina «Banda de Jalpatagua» y un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, vinculados a esa agrupación.
