La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» y el Instituto Universitario de Derechos Humanos (IDHUCA) denunciaron ante la Fiscalía General de la República a dos jueces de la Sala de lo Penal por el delito de prevaricato en la resolución emitida en octubre en la que ordenó el cierre del proceso penal sobre la masacre de de los jesuitas españoles en 1989 en referida casa de Estudios en el marco de la Guerra Civil.
La denuncia es contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval “porque existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato”, manifestaron en un comunicado.
Esto referido al artículo 310 del Código Penal, que establece que el juez que “por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
Según relata la UCA, los magistrados incurrieron en delito al negar la reapertura del caso Jesuitas en su decisión sobre la casación “ilegalmente solicitada” por los militares acusados; destacan que habrían omitido la sentencia definitiva de inconstitucionalidad que declaró inconstitucional la amnistía absoluta “por negligencia o ignorancia inexcusable”.
“Los magistrados dictaron una sentencia manifiestamente injusta, en primer lugar, porque desconocieron explícitamente una jurisprudencia constitucional que es general y obligatoria para toda la institucionalidad pública y sociedad civil, según los artículos 183 de la Constitución y 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y, en segundo lugar, porque los efectos de tal sentencia violan los derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, que les reconoce la jurisprudencia constitucional”, señalaron.
Sobre el caso
En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre; entre estos, el expresidente Alfredo Cristiani y militares que se desempeñaron como funcionarios en cargos de ministros, viceministros.
El caso fue cerrado por la vigencia de referida ley por el Juzgado Cuarto de lo Penal, ahora Juzgado Cuarto de Instrucción.
Reapertura en 2018
En 2016 se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se retoman casos, como el de la Masacre de los Jesuitas y sus autores intelectuales.
En 2018, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo que se dictó en el año 2,000 a favor de referidos imputados.
Interponen recursos contra esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que ratifica la reapertura del caso.
No obstante, interponen recurso de casación ante la Sala de lo Penal ese mismo año.
El pasado mes de octubre el máximo tribunal en materia penal confirmó el sobreseimiento definitivo de los exmilitares y expresidente, a quienes se acusaba de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras; por lo que no habría opción a la reapertura del caso.
