Alcaldes suman más pruebas en la acusación contra Ministro de Hacienda por no cancelar FODES

Una comitiva conformada por Alcaldes del Departamento de San Salvador, acudieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR), para sumar más pruebas contra el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, quien declaró el domingo que el Fondo de Desarrollo Económico Social (FODES), sería cancelado hasta después de las elecciones del 28 de Febrero.

Entre junio y diciembre del 2020, el Gobierno adeuda $330 millones a los 262 municipios, afirmó la Presidente de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas.

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La funcionaria afirmó que si bien hay una denuncia en sede fiscal por el atraso de los pagos, este día presentaron más prueba contra Zelaya, luego que dejara entrever que el dinero se desembolsaría hasta después de las elecciones, al mismo tiempo que mencionó que el dinero lo quieren los ediles para financiar la campaña política.

«Aclarar que no es cierto que nosotros ocupamos el dinero para campaña política. Si alguien que ha estado de Alcalde que lo hizo, y puede asegurarlo son ellos», dijo Navas.

“Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y un video que vamos a presentar es del señor Ministro, que en tono de burla se ríe del pueblo salvadoreño, no queriendo dar el FODES, que le corresponde a cada municipio”, Añadió.

La Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, también pidió al Ministerio Público agilizar las investigaciones de las denuncias que han realizado los jefes municipales. Además exhortó a la Corte de Cuentas de la República (CCR), a volver a examinar a la cartera de Hacienda, para determinar que hay fondos para pagar el FODES.

“Varias Alcaldías van a cerrar sus servicios, los Alcaldes hacen todo lo posible para no llegar a esa situación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, algunas Alcaldías viven del FODES”, destacó Navas.

Al ministerio público se han presentado varias acusaciones contra Zelaya en ese sentido: Los ediles lo denunciaron de cometer posibles actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, puesto que la CCR, determinó el año pasado, que esta institución contaba con los recursos, que surgen del 10% de la recaudación que hace el Gobierno cada mes, el cual asciende a $42 millones de dólares.