La propuesta, denominada Ley Especial para la Facilitación del Mandato de la CICIES, otorga a esta instancia una autonomía financiera y operacional, “operacional, independiente, objetiva, neutral y transparente”, para ayudar al Estado salvadoreño en la prevención, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción y delitos conexos.
De ser aprobada, la ley brindaría a la CICIES la función de apoyar a la Fiscalía General de la República (FGR), único ente encargado de la investigación y persecución del delito, así como le dará la facultad de apoyar como querellante en los casos judiciales, para esto último, también sugirieron una reforma al Código Procesal Penal.
Además, plantearon la posibilidad que la Comisión cuente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana para conocer el trabajo investigativo.
Antonio Aguilar, de Cristosal, informó que el objeto de la propuesta, es que a través de un Decreto de la Asamblea Legislativa, se dote de las condiciones para desarrollar su mandato, “para que su labor sea más contundente y mayor impacto hacia la institucionalidad del Estado”.
“Todo esto se está haciendo tomando el acuerdo marco que firmó el gobierno de la República y la OEA, el 26 de noviembre del año 2019, al aprobarse estos marcos normativos en la Asamblea Legislativa, estamos buscando que tenga mayores niveles de independencia y autonomía”, detalló.
Las organizaciones pidieron al Congreso crear una comisión Ad hoc que facilite un proceso de debate y análisis abierto, y que incorpore a representantes de las organizaciones promotoras de la ley como acompañantes técnicos, estas son Cristosal, Azul Originario, FUNDE, Acción Ciudadana, FESPAD, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Centro de Capacitación y Promoción de la Demoracia (CECADE), Colegio Médico, CEMUJER, CLADEM, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUNDECSO), Siempre Sospechosos, Pastor Mario Vega, y Proyecto Poder.
La Diputada Margarita Escobar, del partido ARENA, quien brindó iniciativa, aseguró que buscará que este proyecto de ley ingrese al Congreso en la Plenaria del miércoles.
“El Salvador ha ratificado la Convención Interamericana Contra la Corrupción, un instrumento de la OEA, que se convierte en un asidero importante para que El Salvador a través de la Asamblea Legislativa convierta los postulados y compromisos adquiridos en dicha Convención en algo concreto; si bien es cierto la CICIES no tiene un gran alcance, porque se originó de un convenio entre Gobierno y OEA, esta ley sí posibilitaría, a partir de ese marco, convertirlo en ley de la República”, explicó.
El Índice de Percepción de Corrupción 2020, revela que El Salvador obtuvo una puntuación de 36 en una escala en la que cero es “corrupción elevada” y 100 es “sin corrupción”.
