La «Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia» dio a conocer este lunes el informe parcial, en el que reportaron hallazgos y detallaron recomendaciones, entre ellas, la destitución de Francisco Alabí como Ministro de Salud.
Referida comisión dirigió entrevistas con funcionarios de Gobierno como el titular de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ministerio de Turismo, de Obras Públicas, alcaldes de municipios donde se implementaron cercos sanitarios como Corinto, Metapán.
Estas son las conclusiones de los diputados:
- El Ejecutivo realizó de manera sistemática acciones irregulares que afectaron el tratamiento de la pandemia.
-
Se determinó que el Gobierno central no tuvo ni tiene a la fecha un plan de manejo integral de la pandemia en nuestro país, y si lo hubiere no fue difundido.
- La administración del Presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Salud, mintió manipuló y tergiversó a su conveniencia las cifras de fallecidos de casos confirmados y pruebas de COVID-19.
-
EL ISSS brindó préstamo del $25 millones al Gobierno para utilizarlo en la pandemia, pero en no se habilita, quedó en evidencia que no se ha definido la forma de reintegro.
- El Gobierno utilizó las cadenas nacionales para exagerar las proyecciones matemáticas de la enfermedad para infundir miedo y terror para intentar disciplinar a la población.
-
El personal de primera línea que falleció a lo largo de la pandemia se contagió debido a que el Ministerio de Salud (MINSAL) y el ISSS no les dotó el equipo necesario.
-
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) incumplió plazo para la fase 3 del Hospital El Salvador prevista para el mes de junio del año anterior.
- El Ministerio de Turismo (MITUR) hizo un contrato con un familiar del Ministro de Salud, Francisco Alabí, que fue confirmado por el funcionario; Morena Valdez, titular de Turismo expresó que solo contrataba centros de contención validados por el MINSAL. El contrato fue por $18,858 dólares.
-
Luego de escuchar a alcaldes donde se implementaron cercos sanitarios, se determinó que se realizaron por el Gobierno sin criterios técnicos y base científica, con fines políticos y partidarios.
-
El Hospital El Salvador no cuenta con las pruebas necesarias para tamizar al personal y pacientes, esto genera que en casos se establecen causas de fallecimiento como sospecha de covid o neumonía atípica.
-
El Gobierno no cumplió con carnetización y contratación de los salvadoreños que se recuperaron de COVID-19 y que fueron denominados como inmunizados a la enfermedad.
-
En los tres tipos de centros de contención, el Ejecutivo violentó los derechos humanos a la vivienda, al trabajo, a la integridad física, a la salud mental, a conocer expediente médico.
-
La falta de un plan al cierre de aeropuerto generó desorden en instalaciones, se mezclaron pasajeros provenientes de los diferentes países, al no haber segregación por edad y médica.
Entre las recomendaciones se enlista la destitución de Alabí como Ministro por las «irregularidades y conflictos de intereses» en el manejo de la pandemia, así como contrataciones por parte del Estado.
Además de esto, se certificaría el informe a la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Corte de Cuentas de la República (CCR) por posible delito de peculado.
Así también, se hará del conocimiento del contenido del informe a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Munidal de la Salud (OMS), a la Alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, así como al Congreso y Senado de Estados Unidos.
