La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó su informe de evaluación de los derechos humanos en El Salvador durante el año 2020, mediante el que aseveró que hubo falta de respeto a la Constitución y todo el orden jurídico vigente.
Según el documento, fue por la pandemia de COVID-19 que se exacerbó el conflicto entre Órganos de Estado, que aseguran inició con la toma de posesión del Presidente Nayib Bukele en junio de 2019.
FESPAD se refirió a que el inicio del año 2020 «fue la continuación de una confrontación permanente del Órgano Ejecutivo, por parte del señor presidente y sus ministros, con la Asamblea Legislativa, pero también con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia».
Es por ello, que destacaron la irrupción militar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero por la exigencia de Bukele a los diputados a aprobar $109 millones de un préstamo para el Plan Control Territorial con una convocatoria de ministros que fue declarada inconstitucional.
«Esa era la realidad, cuando se conoció de la pandemia de COVID-19 a consecuencia del coronavirus, al amparo de la cual el presidente y sus funcionarios desencadenaron una serie de tropelías constitucionales y legales», agregaron.
Entre estas, mencionan el irrespeto a la separación de poderes y a la institucionalidad del Estado que le atribuyen al Gobierno, tras la acciones para evitar la propagación del virus que llevó a cierres a nivel nacional, cuarentenas, detenciones y centros de contención.
De acuerdo con Fespad, hubo una política clara de detenciones arbitrarias, ordenadas con abuso de poder, en violencia a la Constitución y a leyes vigentes; «el debido proceso legal fue totalmente desconocido por los agresores estatales».
Así como el «desconocimiento e irrespeto permanente a la norma constitucional que le manda: como nombrar gobernadores departamentales, que la defensa nacional y seguridad pública están adscritas a ministerios diferentes, elaboración del plan general del gobierno, la suspensión de garantías constitucionales le compete a la Asamblea Legislativa, procurar armonía social».
También se le confiere al Ejecutivo y al Presidente mismo, el incumplimiento a sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Las y los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele no conocen la Constitución de la República, no saben de los avances democráticos en El Salvador, ni de derechos humanos y de sus responsabilidades a este respecto; y quienes puedan conocer de estas temáticas fundamentales, las desprecian, las ignoran y las atropellan con toda mala intención», dice la Fundación en las conclusiones de su informe.
