La Comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos dijo que como Gobierno analizarán el contenido del informe que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el cual, señala que la incursión militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020, fue un “abuso que interfirió con la independencia de poderes en El Salvador”.
Además, el informe se refiere a los reparos por la falta de transparencia en las acciones para atender la pandemia. Dicho documento, será analizado por el Gobierno, aseguró Recinos.
“No lo hemos terminado de analizar, ayer empezó a circular, tenemos que estudiarlo y confrontarlo con la realidad y establecer lo que nos toca. Yo puedo asegurar que este Gobierno está comprometido con la transparencia, la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y y la salvaguarda de la vida de la población”, indicó este miércoles la Comisionada.
La funcionaria expresó que se mantienen las relaciones entre El Salvador y Washington al que llamó “socio confiable”. “Seguiremos construyendo las mejores relaciones entre ambos gobiernos en beneficio de los salvadoreños aquí y en el exterior”, dijo, además, aseguró que será el Presidente Nayib Bukele quien brinde una postura como país ante el informe.
Aunque el Gobierno tomó medidas para responder a la covid-19, ha sido cuestionado porque las autoridades no han brindado información exacta sobre las fuentes de financiamiento y las inversiones realizadas.
La Secretaría de Estado de Estados Unidos dio a conocer este lunes, su informe de Derechos Humanos sobre los distintos países del mundo en el 2020, incluyendo Latinoamérica y El Salvador, donde entre otros temas, se abordó un apartado sobre «Corrupción y falta de transparencia en el gobierno» en nuestro país.
El primero de los casos enlistados en el reporte estadounidense fue sobre la publicación de un medio digital sobre presuntas negociaciones del Gobierno con pandillas para obtener obtener apoyo electoral y una reducción de homicidios antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.
Asimismo, en la misma temática de negociaciones con estas estructuras, resaltaron la orden de arresto del exministro de Defensa David Victoriano Munguía Payes y el expresidente Mauricio Funes, por casos asociados con la tregua de 2012-14 con las pandillas MS-13 y 18th Street.
Dentro del Ejecutivo, se mencionó sobre las compras gubernamentales «irregulares» de alimentos, equipo de protección personal y otros suministros para combatir la pandemia COVID-19 que supuestamente involucró precios inflados, acuerdos con empresas vinculadas a funcionarios gubernamentales y compras a empresas.
«Estas transacciones incluyeron la compra de $ 1.1 millones de máscaras protectoras por supuesta inflación de precios a empresas asociadas con el recién nombrado ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y el titular del Fondo Ambiental Salvadoreño, Jorge Alejandro (“Koky”) Aguilar Zarco; la compra de $ 12 millones en suministros médicos de Javi Performance Parts, una compañía española de autopartes que presentó por última vez los informes financieros requeridos en 2012, y $ 3.5 millones en suministros médicos de Lasca Design LLC, una empresa de cerámica con sede en Florida, ninguna de las cuales tiene experiencia aparente en la fabricación o venta de suministros médicos», relata el documento.
Además, mencionaron que solo «Koky» Aguilar fue removido de su puesto por estas acusaciones de corrupción.
«El 26 de junio, el fiscal general confirmó que había abierto investigaciones penales de varios altos funcionarios de la administración de Bukele sobre la base de informes periodísticos sobre corrupción. Al 19 de octubre, el fiscal general no había presentado cargos públicos contra ninguno de esos funcionarios», añade el informe estadounidense.
El gobierno aún no analiza el informe sobre derechos humanos y corrupción en El Salvador que dio a conocer el departamento de Estado, de Estados Unidos. #Nacionales pic.twitter.com/5lrgzLs64H
— Teleprensa (@Teleprensa33) March 31, 2021
Piden enmendar los señalamientos
El informe, que aborda varias temáticas del que hacer salvadoreño, es una oportunidad para que el Gobierno de un giro de timón a la ejecución de algunas políticas, dejó entrever Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana.
El abogado explicó que es necesario que la actual administración gubernamental de signos de transparencia sobre todo en el uso de recursos públicos, que fueron señalados en el informe estadounidense.
«Algunos señalamientos que se hace en el informe, ya se esperaban, no es sorpresa que desde ahí se señale algunas violaciones a los derechos fundamentales como la libertad de prensa, detenciones arbitrarias, lo del 9 de febrero con la toma militar de la Asamblea y desobediencia sobre resoluciones de la Sala de lo Constitucional, esperaríamos que la reacción del Gobierno sea corregir lo que tenga que corregir», explicó.
Sobre el destino de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, Escobar dijo que «ha quedado clara», al decir que no habrá dinero para países que no fomenten la transparencia e irrespeten la institucionalidad y no tomen como bandera el autoritarismo.
«El nuevo Gobierno, incluso en la embajada aquí se ha tomado un claro posicionamiento de la nueva administración a algunos temas, como migración, respeto a derechos humanos, corrupción e impunidad, esto ya está claro. Aquí por los intereses de por medio, el país debe ponerse en ruta de tratar de disminuir los señalamientos que se hayan hecho, en esa medida la relación debe ser en el marco de la cooperación, que el Estado salvadoreño procure bienestar a la comunidad salvadoreña para que no emigre, y Estados Unidos apoyar, en lo que pueda con apoyo técnico financiero para mejorar el combate a la corrupción», reiteró.
