La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales avanzaron en la aprobación de siete de 60 artículos de la Ley de Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información, en compañía de representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Referida normativa aplicará a favor de las personas que se encuentren relacionadas al ejercicio del periodismo, ya sea como profesión, actividad económica o formativa, ya sean empleados de un medio de comunicación, independientes; así como profesionales o estudiantes de las carreras de periodismo o comunicaciones.
Además, se aclaró quiénes estarán excluidos de esta ley, pues los periodistas de la APES señalaron que las personas beneficiarías son quienes utilicen el método periodístico para recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación.
Es decir, los periodistas que realicen tales actividades aún en medios o redes sociales; no obstante, excluye a los denominados youtubers con la actividad de entretenimiento.
«Hay que tener diferenciación con libertad de expresión con el ejercicio periodístico», detalló la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
También se excluye de la protección a quienes «extralimiten» o violen la libertad de expresión con sus acciones, omisiones o contenido; es decir, quienes dañen los derechos de los demás; así como quienes inciten al odio o violencia.
«No sabemos si esta Asamblea va a poder aprobar. Ojalá que se apruebe, sino esperamos una buena voluntad de la nueva conformación de la Asamblea», agregó Cárcamo, quien a la vez solicitó celeridad al proceso de formación de ley.
La APES detalló que la propuesta contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.
