Dos diputados abandonan comisión y se estanca aprobación de Ley de Periodistas

Foto: Cortesía.

A un día de realizar la última sesión plenaria de la actual Asamblea Legislativa, la Comisión de Legislación no logró aprobar la Ley de Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información.

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A pesar que la comisión inició con la presencia de 8 diputados de los 7 necesarios para tener quórum o para poder desarrollar y aprobar dictámenes; dos de ellos la abandonaron cuando estaba por estudiarse referida ley.

Se trata de la legisladora del PCN, Eileen Romero y el diputado independiente Leonardo Bonilla.

Con 6 diputados, el presidente de la Comisión, Mario Tenorio, cerró la sesión.

“Lamentablemente nos hemos quedado sin quórum, habíamos 7, los necesarios”, dijo Tenorio.

La salida de Romero y Bonilla se consideró por los demás parlamentarios como un boicot y un hecho planificado.

“Lamento sinceramente que se haya boicoteado la aprobación de la ley de protección a periodistas por parte de la diputada Eileen Romero y el diputado Leonardo Bonilla, quienes en su discurso dicen defender los derechos humanos, pero siempre se retiran a la hora de abordar estos puntos, quedará en la conciencia de ellos y en la memoria histórica de los salvadoreños que ellos rompieron el quórum para que no tuviéramos una ley de protección de periodistas. Lamentable que se despidan de esta manera”, reprochó René Portillo Cuadra de ARENA.

Por su parte, la representante de la APES -gremial que realizó el proyecto de ley- Susana Peñate, manifestó que los diputados acordaron reunirse este martes previo a la última sesión plenaria para aprobar la normativa.

“Sería la última oportunidad de esta legislatura”, acotó.

La propuesta contempla mecanismos de protección para periodistas frente a hechos de violencia social, protección de derechos laborales, implementación de mecanismos de atención oportuna ante amenazas graves, prevención y atención de casos de violencia a mujeres periodistas, así como crear un espacio articulado entre entidades públicas con gremios de periodistas y organizaciones de derechos a la libertad de expresión.