Por: Redacción YSKL
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señaló que, desde el Estado salvadoreño, continúa la sobreexplotación de bienes naturales, la cual ha llegado, aseguran, a un punto crítico.
En ese sentido, señalaron la tala indiscriminada en zonas boscosas o de recarga hídrica como el Cerro el Águila en Juayúa, Sonsonate, permisos ambientales en Ciudad Valle El Ángel, en Apopa, San Salvador; y la falta de atención a los habitantes de Nahuizalco, que se ven amenazados por la construcción de una represa en el Río Sensunapán, que amenaza con destruir el patrimonio indígena.
Por otro lado, también señalan que el Río Lempa, principal fuente hídrica de ocho departamentos, enfrenta la inminente contaminación, por las grandes cantidades de plástico y sustancias nocivas para la salud humana y animal.
“Lamentablemente, a la fecha, no se han tomado acciones determinantes en la búsqueda de la salvaguarda y restauración de su cuenca. De igual forma, es latente la amenaza de la minería transfronteriza sobre el Río Lempa, por la mina Cerro Blanco ubicada en territorio guatemalteco”, señala el comunicado difundido este martes.
Otro punto a destacar por FESPAD, es la negativa del Gobierno a suscribir en segunda fase el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información de los proyectos que riñan contra el medio ambiente, acceso a la justicia para los casos en los que se dirimen en tribunales y participación de sociedad civil en los estudios que devienen en proyectos de construcción. Asimismo, la protección de las personas que ejercen defensa de los derechos del medio ambiente.
“El sistema de justicia (Juzgados Ambientales, Cámara Ambiental y Sala de lo Constitucional) enfrenta desafíos en la protección de los bienes naturales y la participación ciudadana, en vista que tienen en su conocimiento casos donde se ha inobservado procedimientos en el marco de las consultas públicas reguladas en la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento, por el otorgamiento de concesiones a empresas desarrolladoras de megaproyectos”, reza el pronunciamiento.
FESPAD hace el llamado al Gobierno a aplicar el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que exhorta a tratar cuestiones ambientales con la ciudadanía. De igual forma, piden a la Asamblea Legislativa retomar el estudio de la Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos, y ratificar la reforma los artículos 2 y 69 de la Constitución que reconoce el derecho al agua y su saneamiento.
Por último, piden un abordaje integral de las problemáticas causadas por los agrotóxicos, el monocultivo de caña de azúcar y la aprobación de permisos ambientales con “impacto altamente negativo a los ecosistemas y la vida humana”.
