Por: Redacción YSKL
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el Decreto 810, aprobado por la Asamblea Legislativa el 7 de enero del 2021, que contiene una disposición transitoria para autorizar al Ministerio de Hacienda, el pago de indemnización a exempleados de la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).
De acuerdo al documento legislativo, se pagarían $2,857 dólares en concepto de indemnización a 1,967 trabajadores que no recibieron el beneficio, cuando este ente estatal cocretó en 1997 un proceso de privatización, como parte de los programas de Ajuste Estructural y Estabilidad Económica que se implementaron en la mayoría de países de Latinoamérica.
El Presidente Nayib Bukele vetó la iniciativa aprobada, por considerar que vulneraba el principio de planificación presupuestaria y equilibrio presupuestario, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República.
Bukele argumentó que para las fechas en que fue aprobada la iniciativa, ya se estaba ejecutando el Presupuesto General de la Nación 2021, por lo que no estaba en el rubro de gastos esta erogación, “al promover una iniciativa de este tipo, los Diputados tuvieron que consultar al Ministerio de Hacienda, para valorar la viabilidad de la propuesta”, indica el documento, que fue leído en la Plenaria de este jueves 23 de junio del 2021.
Los parlamentarios, una semana después, superaron el veto y éste decreto fue llevado a la Sala de lo Constitucional, para que se dirimiera la conveniencia del funcionamiento del mismo.
Los Magistrados aceptaron las razones del Órgano Ejecutivo y declararon inconstitucional “de modo general y obligatorio” el decreto.
La privatización de ANTEL inició en abril de 1991 de la mano del primer gobierno de ARENA creándose la Comisión Nacional de Privatización (CNP). En mayo del mismo año el Consejo de Ministros emitió un decreto en el que se hacían efectivas las disposiciones para el funcionamiento de la Comisión.
El proceso, que incluía desde venta de frecuencias, inmuebles, espectro radioeléctrico, liquidaciones e indemnizaciones, concluyó en septiembre de 1997, dejando fuera a decenas de trabajadores.
En la Asamblea ya se habían introducido y votado a favor dos propuestas referentes al mismo tema, una de ellas en 2012 cuando se les aprobó una indemnización de $2,857 dólares a 266 ex trabajadores. El otro desembolso se aprobó el 21 de agosto del 2014, donde se incluyeron en el beneficio monetario a 35 exempleados. En las dos ocasiones, el Gobierno dispuso pagar las deudas.
Según un reporte que emitió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el 14 de Octubre del 2020, unas 4,938 personas se acercaron para denunciar que se había violentado sus derechos.
