Por Redacción YSKL
El Enviado Especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, habló este jueves, en conferencia de prensa sobre la lista Engel revelada este día, donde se enumera a funcionarios y ex funcionarios señalados por corrupción en Centroamérica.
“Esta no es una lista final, eso no es todo. La lista se puede ampliar, siempre y cuando tengamos datos que podamos utilizar”, manifestó el funcionario al ser consultado.
Zúñiga afirmó que la primera revelación de 55 políticos del Triángulo Norte, es un mensaje claro que Estados Unidos está del lado de los ciudadanos de estos países.
“El combate a la corrupción es de mucha importancia para el presidente Joe Biden”, reiteró.
Para el enviado estadounidense una de las evidencias de la lucha contra la corrupción, es dar a conocer los nombres de los implicados en actos para atacar el proceso democrático o las instituciones democráticas, que están involucrados en corrupción o que estén obstruyendo o complicando investigaciones vinculadas a esos tipos de actos, al respecto, dijo que se ha “utilizado información que indica que efectivamente se han llevado a cabo allá”, refiriéndose a El Salvador.
“Esta es una lista inicial que estamos haciendo en cumplimento al mandato del Congreso (…) esta es la primera parte, habrá más listas y más nombres y se incluirán otros casos donde tenemos la información necesaria para poder incluir a esos individuos”, advirtió en otra pregunta que respondió.
El documento del Departamento de Estado de Estados Unidos menciona a 55 personas, 14 de ellos de El Salvador, entre los que figuran funcionarios, actuales y pasados de ARENA, FMLN, empresarios y siete personas que integran la administración del Presidente Nayib Bukele.
En los primeros meses del 2021, fue promulgado un extracto de esta lista por parte de la Congresista Estadounidense, Norma Torres.
El reporte nace a partir de la aprobación de la Ley de Participación Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, el 27 de diciembre pasado. La cual fue promovida por el congresista Eliot Engel, cuyo período en funciones finaliza este año.
La legislación incluye la creación de un listado de funcionarios que incurrieron en “acciones que socaven procesos o instituciones democráticas”, “cometido actos de corrupción” o “haber obstruido investigaciones”, que va desde contratos gubernamentales, sobornos y extorsión.
Además de transferencia de recursos obtenidos por “incluso a través de lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, agrega el documento legislativo.
Entre las sanciones más significativas figuran la negatoria o revocatoria de visas y la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos, bajo cualquier otro tipo de beneficio inmigratorio, para los próximos tres años.
Para ser incluida, cada persona nombrada en la lista debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos y debe estar vinculado a un acto que esté documentado por al menos dos fuentes creíbles.
La Embajada de Estados Unidos en el país, ha restringido unos 300 visados en los últimos cinco años de personas ligadas a corrupción, afiliación a pandillas y actividades criminales.
La Administración Biden ha establecido el combate a la corrupción como una “prioridad económica y de seguridad nacional”, incluso liderando los esfuerzos internacionales para apoyar la democracia y aumentar la transparencia, cuya meta es lograr frenar la migración irregular.
“Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o violan el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma”, destaca un comunicado de la Embajada.
Los salvadoreños señalados en la Lista Engel son:
Relacionados con la actual administración…
- Carolina Recinos, Comisionada Presidencial de Gabinete de Gobierno, relacionada con actos de corrupción sobre fondos públicos que pasaron a beneficio personal y posible lavado de dinero.
- Pablo Anliker, ex ministro y viceministro de Agricultura, por tomar fondos públicos para beneficio personal.
- Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por «socavar los procesos o las instituciones democráticas», al intervenir dando asistencia en el proceso de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General el 1 de mayo.
- Rolando Castro, ministro de Trabajo, por obstruir investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos o las instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos.
- Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por posible soborno y corrupción.
- Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad y Justicia, por apropiarse de fondos públicos para beneficios personales.
- Carlos Reyes, diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, por influencias inapropiadas en proceso de selección de la Corte Suprema.
- Guillermo Wellman, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por causar retrasos innecesarios en la tabulación y resultados de elecciones para su beneficio personal.
De antiguas administraciones:
- Walter Araujo, expresidente del TSE y excandidato a diputado por Nuevas Ideas, por llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y amenazar repetidamente a los candidatos políticos.
- José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y exdiputado por el partido FMLN, por soborno y posibles lavado de dinero.
- Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por abusar de su autoridad en la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
- Sigfrido Reyes, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); quien enfrenta procesos penales y civiles por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su gestión.
Empresarios:
- Adolfo “Fito” Salume, por participar en una «corrupción significativa» y socavar los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
- Enrique Rais, por al sobornar a funcionarios públicos.
