Luego que la Fiscalía General de la República, ordenara la captura de una docena de ex funcionarios del FMLN, del ex presidente Mauricio Funes, el partido de izquierda calificó la redada como “una violación a los derechos civiles y políticos” de los señalados.
El Secretario General del instituto político, Óscar Ortíz, emitió este jueves un pronunciamiento en simultáneo a la presentación de los detenidos, afirmando que se había “roto la democracia, la institucionalidad que empezamos a ganar a partir de los Acuerdos de Paz”.
Para el dirigente político, el propósito de las detenciones es “callar las voces críticas, chantajear la diferencia” y perseguir “políticamente contra todo aquello que se oponga al actual régimen”, refiriéndose al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, quien acusó de “ordenar procedimientos fuera de la ley, consolidar el mecanismo de persecución usando la Fiscalía y Policía que nos lleva directamente a una nueva dictadura”.
Los detenidos en este proceso son: Carlos Cáceres, ex ministro de hacienda; Violeta Menjívar, ex ministra de salud; Calixto Mejía, ex vice ministro de trabajo; Erlinda Hándal, ex viceministra de educación, ciencia y tecnología; Hugo Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura.
Asimismo, se giró detención contra el ex vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; la ex Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el ex Ministro de Obras Públicas, Gerson Martinez y José Guillermo López Suárez, quien fungió como Ministro de Agricultura y presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Ortíz hizo el llamado a la comunidad internacional, a permanecer vigilantes de la acusación de los imputados, “en donde la ley no se respeta, ya no se puede pensar si actúa el ejército y la policía como mecanismos de represión”. Asimismo, anunció concentraciones para este viernes, en donde emitirán más comunicados.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó este jueves, la captura de varios funcionarios del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) acusados de Lavado de Dinero y Activos.
Según el titular del ministerio público, Rodolfo Delgado, las investigaciones iniciaron en el año 2019 y se deriva del caso conocido como “Saqueo Público”, que implicaba el desfalco de $351 millones por lo que es acusado Funes, quien se encuentra en Nicaragua.
Delgado explicó que los imputados, supuestamente recibieron de los recursos de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, que se fondeó con una inyección de dinero que aprobó la Asamblea Legislativa en el año 2019 y que asciende a $80 millones de dólares. Pero esta cantidad continuó incrementando porque Funes, autorizó al Ministerio de Hacienda (que dirigía Cáceres) a continuar transfiriendo recursos sin el aval de los Diputados.
