Jueces de oriente rechazan enmiendas a la Ley de la Carrera Judicial y exigen a la Corte Suprema pronunciarse contra la Asamblea Legislativa, «por usurpar facultades» para promover reformas

Foto: Captura de video, Diario El Mundo.
Foto: Captura de video, Diario El Mundo.

Por: Redacción YSKL

Magistrados de Cámaras de Primera y Segunda Instancia, así como Jueces del Centro Judicial de San Miguel, protestaron enérgicamente por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que básicamente regula la administración de justicia en El Salvador.

Cristian Gutiérrez, Juez Segundo de lo Civil y Mercantil de San Miguel, señaló que las reformas son un golpe a la estabilidad laboral, “incluso tan indigna de que se quiera separar de la carrera judicial”.

“Como si cumplir 60 años es una causal con la cual en automático se pierden facultades de laborar”, infirió el juez.

Las reformas, prácticamente mandan al retiro forzado a juzgadores que tengan más de 60 años de edad o que hayan completado 30 años de servicio en la judicatura; a su vez, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidirán si los someten a un régimen de disponibilidad.

“Los diputados ciertamente adujeron motivos de la separación a causas como que somos corruptos, imputación generalizada y sustentada únicamente por la edad, no dieron ni referencia o casos concretos ni evidencias de semejante afirmación”, criticó Gutiérrez.

Magistrados y jueces mayores de 60 años serán removidos y Corte Suprema nombrará sustitutos

Las reformas según dijeron, “discrimina y contraviene derechos constitucionales, pues no hubo debido proceso, seguridad, dignidad, estabilidad laboral, audiencia, defensa, igualdad y prestaciones laborales”.

A consideración de los jueces, los Diputados inobservaron la Constitución, pues en su artículo 133 ordinal 3°, estipula que para llevar a cabo reformas a la administración de justicia, deben ser promovidas por el Órgano Judicial en Pleno, “los diputados de la Asamblea Legislativa ni el Presidente de la República tienen potestades para dar iniciativas de ley, tal y como ha quedado establecido en la sentencia de inconstitucionalidad 6-2016 y 2-2016 del 9 de febrero del 2018”.

En otro tema, también cuestionaron a los legisladores que le hayan retirado facultades al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), para seleccionar las ternas de candidatos a jueces y magistrados y en su lugar, será la CSJ la que tenga facultad de “realizar traslados, nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables, en las sedes que quedaren vacantes a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado o interrumpido “.

Gutiérrez y el cuerpo de juristas exigieron a la Corte pronunciarse al respecto y que “defienda como corresponde” ya que “es el único organismo neutral llamado a mantener el equilibrio democrático y frenar abusos de poder”. «Sólo el Órgano Judicial tiene iniciativa en este tipo de leyes, así que podemos decir que la Asamblea le usurpó esa facultad a la Corte». 

Este miércoles, no solo los jueces de oriente se pronunciaron, también lo hicieron reguladores del Centro Integrado de la Santa Tecla, La Libertad, quienes manifestaron que las reformas «irrespetan la labor judicial» y «discrimina por la condición de su edad, en violación a los derechos humanos y legislación de adulto mayor». 

Magistrados de Cámara, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz de San Salvador, también se pronunciaron contra las reformas las cuales se aprobaron este martes en sesión plenaria y bajo dispensa de trámite.

Los jueces aseguraron que el debate previo a su aprobación fue «ofensivo e indigno a la investidura judicial», ya que los diputados aseguraron que había corrupción en el Órgano de Estado.

Así lo manifestó el juez Alberto Franco a través de la lectura de un comunicado.

«Quieren de un plumazo quitarnos nuestro trabajo, desde que me gradué opté por ser juez, solo porque tengo 60 años y de ribete me tachan de corrupta, ¿creen que es justo? Me están socavando mi dignidad, hay violencia de parte de la Asamblea y del mismo Presidente porque me imagino que están confabulados […] Es un golpe a la independencia judicial», señaló la jueza de paz de Apopa, Rosa Lilian Ponce.