Por: Redacción YSKL
El Departamento de Estado de los Estados Unidos se sumó al llamado de la comunidad internacional y de la misma Embajadora Interina para El Salvador, de que la remoción de jueces y Magistrados constituye un menoscabo a la independencia judicial.
En ese sentido, Washington condenó el fallo del 3 de septiembre de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que autorizó la reelección presidencial inmediata “en contravención a la constitución salvadoreña”.
“La constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares presidenciales la reelección para un período consecutivo. Este fallo es resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional e instalar reemplazos leales al Presidente”, señala en un comunicado difundido este domingo 5 de septiembre.
Las autoridades citan la preocupación de algunos sectores de que estas acciones “erosionarían la separación de poderes y la gobernabilidad democrática en el país”.
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“Esos temores han sido corroborados por la sentencia del 3 de septiembre de la Sala Constitucional”, que dio el aval a la reelección presidencial inmediata.
Por otra parte, también se pronunciaron entorno a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial, que remueve a jueces que cumplan los 60 años de edad o que hayan completado 30 años en la judicatura. “La edad o el tiempo en el servicio no tienen un vínculo directo con la corrupción, y El Salvador ya ha establecido procesos para eliminar a los actores corruptos”.
“El resultado práctico de este nuevo mandato es empoderar a la administración de Bukele para llenar el poder judicial con sus propios jueces. Combinado con las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder ejecutivo”, señala.
Para el Departamento, el declive de la gobernabilidad judicial “daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno de El Salvador y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como un socio democrático y confiable en la región”.
El Gobierno estadounidense pidió al presidente Nayib Bukele demostrar “su compromiso declarado con la gobernanza democrática, incluida la separación de poderes y el estado de derecho”.
