Reformas que depuran jueces de la Corte abre la puerta a detenciones arbitrarias sin debido proceso, denuncian organizaciones

Foto: cortesía
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Por: Redacción YSKL

Los representantes que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador, condenó las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto, que mandan al retiro a por lo menos 270 jueces de primera y segunda instancia y magistrados de cámaras especializadas.

David Ortíz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que las reformas significan un grave ataque a la independencia judicial, pues afecta a jueces mayores de sesenta años o con más de treinta años de servicio.

“Serán separados del cargo irrespetando las garantías constitucionales y legales, que en buena medida, han sido producto de los Acuerdos de Paz”, estimó el abogado. La comisión también cuestionó la legalidad de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía que también mandan al retiro a los auxiliares que sobrepasen los 60 años o que tengan 30 años de ejercer.

“Las reformas buscan el control de instituciones encargadas de impartir y administrar justicia, por la bancada oficialista. El manoseo político significa la afectación a los procesos de las graves violaciones a los derechos humanos Lo que vemos, se está constituyendo un gobierno autócrata, que se está apoderando de todos los espacios políticos”, infirió.

El jurista calificó el periplo como atentados a la estabilidad laboral, derecho a audiencia, derechos humanos y transgreden directamente a la independencia judicial.

En ese sentido, advirtió que, con un control del aparato judicial, no habrían garantías necesarias cuando se lleve a cabo una detención arbitraria, «¿Qué juez velaría por el debido proceso si se cambian a los actuales? si están controlados por el oficialismo; hemos visto detenciones de la Policía en ‘vías de investigación’, sin previa dirección de la Fiscalía, por lo que no hay canales abiertos para garantizar nuestros derechos humanos», matizó. 

En el mismo sentido se refirió Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, quien afirmó que el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia y las reformas afectarían procesos judiciales que están conociéndose en los tribunales. “Este Gobierno trata de copar la democracia, ya se tiene el control de todos los Poderes del Estado, y preocupa la anuencia de los jueces que responden a los intereses del Ejecutivo”.

El grupo de organizaciones pidió a la Comunidad Internacional, observar las acciones gubernamentales y emitir pronunciamiento.