Presidente Bukele sancionó las reformas que purgan jueces y fiscales mayores de 60 años

Jueces y magistrados marcharon en protesta a la aprobación de reformas a la Ley de Carrera Judicial. Foto: Cortesía.

El Presidente Nayib Bukele sancionó (aprobó) las reformas a la Ley de Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se aprobaron en el Asamblea Legislativa el pasado 31 de agosto, según la publicación del Diario Oficial número 175, tomo n°432 del 14 de septiembre.

Magistrados y jueces mayores de 60 años serán removidos y Corte Suprema nombrará sustitutos

Se trata de los jueces, mahistrados y fiscales mayores de 60 años o que ya posean 30 años de carrera que cesarán de sus cargos; sin embargo, no aplicará para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Fiscal Adjunto, auditor fiscal y Secretario General.

Las plazas vacantes en el Órgano Judicial las nombrará el pleno de la Corte, que en su mayoría fueron elegidos por los nuevos diputados, luego de las remociones del 1 de mayo y los nombramientos el pasado mes de junio. 

Además, con las reformas, el Fiscal General podrá establecer reglamentos sobre ingreso, contratación, promoción, ascenso, traslado, renuncia o remoción de empelados en la carrera fiscal.

Los cambios serán inmediatos desde su entrada en vigencia.

Estas reformas causaron rechazo en magistrados y jueces organizando una marcha pidiendo su derogación, pronunciamientos contra las autoridades y llevando a reuniones directas con los magistrados de la Corte.

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Los jueces aseguraron que el debate previo a su aprobación fue «ofensivo e indigno a la investidura judicial», ya que los diputados aseguraron que había corrupción en el Órgano de Estado.

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También destacaron que la reforma es inconstitucional, puesto que los legisladores no tienen iniciativa de ley sobre la material, contemplado en el artículo 133 de la Constitución de la República.

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Los administradores de justicia señalaron que hay vulneración en derechos constitucionales como al trabajo, estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica de los funcionarios judiciales; mostraron rechazo al despido masivo que conlleva y se oponen a la facultad de traslados de forma «subjetiva e imprecisa».