Por: Redacción YSKL
Un grupo de trabajadoras de la extinta Fábrica Florenzi, se concentraron este viernes, en las cercanías de los juzgados laborales de San Salvador, para exigir pronta respuesta sobre su situación.
En noviembre se cumple un año y tres meses de que la empresa cerró y dejó en el limbo a 210 trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes no recibieron indemnización.
Además, y pese que los tribunales ya llevaban un avance sustancial para embargar preventivamente parte de los bienes de Florenzi y así resolver las indemnizaciones, los demandantes señalaron que con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que dejó fuera a unos 248 jueces, el nuevo aplicador de justicia reiniciaría todo el procedimiento.
“En muchas audiencias al patrono se le había declarado rebelde, y por esa razón se le había declarado favorable hacia las trabajadoras, pero nuevamente están haciendo las audiencias, repitiendo el proceso y eso lo vemos injusto porque va más de un año de esta violencia sistemática de los derechos humanos”, Rafael Méndez, representante de la Coordinadora Sindical.
El 10 de marzo del 2021, la Jueza Primero de lo Laboral, Deisy Ábrego, acudió a las instalaciones de la ex Fábrica Florenzi para inspeccionar, valorar y hacer un inventario sobre los bienes muebles como parte del proceso y se denominó «diligencias de abandono», las cuales fueron tasadas a fin de contribuir al pago pendiente de los trabajadores despedidos.
Asimismo, destacó que la falta de información sobre el negocio ha causado atrasos en dirimir el proceso, ya que entre estos, en la información requerida al Ministerio de Hacienda, el local se había registrado como bodega, más no como una empresa; además, solo se poseía información de los años 1990 cuando iniciaron operaciones.
«En mi juzgado hemos requerido información sobre la fábrica Florenzi, pero nos han enviado información de los 90. De Aduanas tenemos información solo de cinco prendas de vestir. En realidad no hay información que nos permita saber si hay bienes de Florenzi en otra parte, así que empezamos por acá y luego veremos si ampliamos. La falta de información ha afectado muchísimo, pudimos haber hecho esto antes», indicó la juzgadora.
Asimismo, destacó que han requerido la información sobre la maquinaria que se utilizaba en la fábrica, pero esta no existe; por lo que llevó a la visita de campo para llevar en cuenta los bienes muebles, entre estos, la ropa, telas e hilos.
De acuerdo con los datos, son alrededor de $500,000 lo que se adeuda a las trabajadoras y será a través de las sentencias que se conocerá si los bienes enlistados ayudarán al pago de las indemnizaciones.
De acuerdo con las trabajadoras, a partir del 19 de marzo del 2021, dejó de operar excusándose en el decreto ejecutivo de cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia de COVID-19; es a partir de ese día, que dejaron de recibir salario ni prestaciones de ley.
Luego el 1 de julio, el apoderado legal notificó a 195 mujeres y 14 hombres que trabajaban en referida maquila que quedaban despedidos, acción que aseveran fue injustificada y no se otorgaron las indemnizaciones por los años que laboraron.
