Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR), desarrolló este lunes una serie de allanamientos en ocho locales de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), señaladas de presuntas irregularidades en el manejo de fondos que habrían sido otorgados por el Estado.
Los operativos son el resultado de un aviso interpuesto por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la entrega de fondos a estos organismos de la sociedad civil. En ese sentido, el Juzgado 1° de Paz de San Salvador emitió las órdenes de registro en las oficinas, situadas en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
El Ministerio Público las investiga por el posible cometimiento de Peculado, Negociaciones Ilícitas, Malversación y Actos Arbitrarios.
Las pesquisas abarcan la asignación de recursos, la ejecución de supuestos proyectos y el seguimiento que le habrían dado a los mismos para obtener más financiamiento.
#LoÚltimo || De acuerdo con la Diputada @AnabelBelloso, otras organizaciones no gubernamentales están siendo allanadas este lunes, tales como: PROCOMES, FUNDASPAD y *PROVIDA.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) November 22, 2021
La investigación se ha centrado sobre 7 organizaciones, algunas son: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, por $518,890; Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, por $260,000; Asociación Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), por un monto de $2.022.245; Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas «Una mano amiga», por $2,130,000; Asociación de Mujeres Tecleñas; Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN) y la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD).
Según el fiscal del caso, todas recibieron fondos públicos por medio de solicitudes no oficiales a 32 instituciones públicas, sin dar detalles de las inversiones realizadas, además dieron a conocer objetivos imprecisos de los proyectos y presentaron declaraciones financieras fuera de los plazos de la ley.
«Existen convenios de cooperación pero tienen objetivos hasta repetitivos, son convenios recurrentes en varias carteras de Estado; algunos miembros podrían ser incluso empleados de la Asamblea Legislativa y finalmente, los estados financieros y balances fueron presentados de manera tardía al Ministerio de Gobernación», explicó.
