El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este lunes, las conclusiones preliminares de la visita que una comisión técnica realizó al país, en el marco de la revisión del Articulo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en lo relativo a una solicitud del préstamo de $1,300 millones que El Salvador intenta gestionar desde abril.
Si bien el organismo destacó una recuperación del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021, en parte por las medidas adoptadas para paliar los efectos del COVID-19, entre estas, la emisión de préstamos y programas gubernamentales, destacó que El Salvador incrementó su nivel de deuda en un 14%, totalizando un 85% del PIB.
“El aumento en las necesidades brutas de financiamiento, y la incertidumbre en la dirección de políticas desde mayo de 2021, elevó los spreads soberanos a 1,200 puntos básicos, lo cual acrecentó los costos de endeudamiento considerablemente (más del 14 por ciento para los bonos a diez años)”, informó el FMI.
Al mismo tiempo, las vulnerabilidades están aumentando. La morosidad del crédito está creciendo, como se esperaba debido a la salida de las medidas de alivio de deudores, llegando al 2.3% del total de préstamos para septiembre de 2021, en comparación al 1.6% a fines de 2020.
Perspectivas y riesgos
Por otra parte el Fondo advirtió que, si se mantienen las políticas económicas actuales, “se prevé que el crecimiento económico de mediano plazo esté limitado por los altos costos de financiamiento”.
Se espera que la economía salvadoreña crezca en línea con la estadounidense, a la cual se encuentra estrechamente vinculada.
Además se estima que el crecimiento del PIB real en El Salvador converja al 2 por ciento para 2026 en la medida que disminuyen gradualmente los efectos de las políticas de asistencia implementadas por Estados Unidos durante la pandemia y que los altos spreads soberanos de El Salvador limiten el crecimiento de la inversión.
El FMI también dijo que las necesidades brutas de financiamiento del sector público aumenten a mediano plazo, alcanzando alrededor de 20% del PIB para fines de 2025, ante las amortizaciones bianuales de eurobonos que inician en enero de 2023.
Por lo que, se prevé que la deuda pública pueda incrementar para 2026, en 95%. Estas proyecciones no incluyen los planes para emitir bonos soberanos y utilizar los recursos obtenidos para comprar Bitcoin y financiar planes de infraestructura. “La incertidumbre que rodea estas proyecciones a mediano plazo es inusualmente alta dada la evolución del escenario político”.
Discusiones de política
El Salvador “necesita” una estrategia económica integral para enfrentar las restricciones al crecimiento, a la vez que se reducen los costos de endeudamiento.
“Las acciones para aumentar la inversión en educación, salud e infraestructura son bienvenidas, pero en el contexto de preocupaciones por la sostenibilidad fiscal, se requiere realizar esfuerzos adicionales para crear espacio fiscal, sin aumentar riesgos”, se lee en el reporte.
Política Fiscal
Para restablecer la sostenibilidad fiscal, la comisión evaluadora recomendó una estrategia de consolidación fiscal a mediano plazo.
“El déficit fiscal propuesto para 2022 que asciende a 4.5 por ciento del PIB es elevado, si se tiene en cuenta los altos costos de financiamiento del déficit y que la posición cíclica de la economía ha mejorado”.
La misión recomienda implementar un paquete de consolidación fiscal basado en medidas de alta calidad que ascienda aproximadamente a 4 por ciento del PIB durante los próximos tres años.
“Este esfuerzo restablecería la sostenibilidad fiscal, situando la deuda pública (incluidas las pensiones) en una trayectoria descendente, hasta alcanzar aproximadamente el 80 por ciento del PIB en 2026”.
Las medidas, indicó la delegación, deberían distribuirse entre los ingresos y gastos, haciendo énfasis en medidas permanentes de rápido rendimiento, como “aumento en impuestos sobre bienes y servicios, focalización de subsidios y alineamiento de salarios públicos con comparables del sector privado”.
Gobernanza
El FMI resaltó que El Salvador cuenta con leyes para combatir el lavado de dinero y además publicó informes de gastos en el marco de la pandemia, pero recalcó la importancia de seguir aportando a la transparencia y divulgar los informes de auditoría de contrataciones públicas, evitar utilizar fondos extra presupuestarios que no pasen del aval de la Asamblea Legislativa y adaptar leyes a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
