FÉNIX acusa a líderes comunales de «Ocupación violenta», tras manifestarse en contra de proyecto de extracción de agua en la Hacienda La Labor, Ahuachapán

Elementos policiales irrumpieron la madrugada de este jueves en la Hacienda La Labor para llevarse a trece personas, según denuncian los lugareños. Imagen de referencia.
Elementos policiales irrumpieron la madrugada de este jueves en la Hacienda La Labor para llevarse a trece personas, según denuncian los lugareños. Imagen de referencia.

Por: Redacción YSKL

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado la presentación de un requerimiento contra los líderes comunales, Jorge Alberto Zuniga, Rosa Miriam Cinco, José David Miró y cinco imputados más, a quienes se les procesará por el delito de Ocupación Violenta de Espacios Comunales, Habitaciones o de Trabajo.

En twitter, el ente fiscal afirmó que el 25 y 26 de octubre, los sujetos llegaron bajo amenazas a la propiedad de la empresa FÉNIX S.A. de C.V. en Ahuachapán, agrediendo y exigiendo a los trabajadores que se suspendiera un proyecto de extracción de agua en la Hacienda La Labor, causándoles lesiones.

Según dijeron los lugareños, FÉNIX pretende construir 1,500 viviendas en un terreno de 40 manzanas que se sitúa cerca de La Labor; para suministrar agua a la residencial, la sociedad pretende perforar seis pozos en dicha hacienda.

Detienen a líderes comunales que adversan proyecto de agua en la Hacienda La Labor

Las comunidades afirman que la zona es considerada netamente agrícola, por lo que el proyecto afectará a 22,000 habitantes de 12 comunidades. Por lo que exigen la liberación de los detenidos.

Anteriormente, organizaciones ambientalistas condenaron la actuación de la policía considerando que existe antecedentes que las comunidades se negaron desde un principio a la extracción de agua. Y en cambio, procedió más rápido para atender la denuncia de FÉNIX.

Esta sociedad ya ha sido señalada de otras irregularidades, en concreto, con el sitio arqueológico Tacuscalco, entre los municipios de Nahuilingo e Izalco, donde también construyen la urbanización Acrópoli. La causa se está dirimiendo en el Juzgado de Sentencia de Sonsonate, por daños al patrimonio cultural y ambiental de un bien con valor histórico.