Por: Redacción YSKL
El 2021 estuvo caracterizado por el agravamiento de varios sectores, destacaron este martes, organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares.
Los colectivos señalaron que a falta de una solución real para enfrentar los efectos adversos de la economía por la pandemia, la situación se ha agravado.
En el ámbito económico, resaltaron que el aumento de los precios de los productos básicos, el alto costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo continúan siendo los principales problemas de las familias salvadoreñas. En cuanto a las finanzas estatales, se agravó debido al aumento del endeudamiento, la falta de una reforma fiscal progresiva donde tributen los que tienen más, «el despilfarro» y «corrupción generalizada».
«La lógica neoliberal se ha profundizado y la gran novedad de la administración de Nayib Bukele es la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, medida que es presentada como la panacea para resolver los problemas del país», señaló Leonel Herrera, representante de medios de comunicación comunitarios.
Con relación al ambiente, Luis González calificó de «retrocesos» la participación y acceso a la información sobre proyectos que impactan a las comunidades; además afirmó que ha habido pérdida de derecho y flexibilización de permisos a favor de empresas que explotan los recursos naturales.
«Se retrocedió muchos años, esto nos deja muchos retos para el otro año, de seguir en resistencia y seguir incidiendo para poder recuperar lo que se ha perdido y avanzar», afirmó.
Uno de estos puntos, dijo, es la potenciación de proyectos urbanísticos como Valle El Ángel en Apopa, la posible derogación de la ley contra la minería metálica y la depredación de mantos acuíferos en Sonsonate, Chalatenango, San Salvador, y más recientemente Antiguo Cuscatlán, cuya alcaldía retiró la categoría de protección para urbanizar la zona de la Cordillera del Bálsamo.
En seguridad pública, las desapariciones han marcado el año con varios casos emblemáticos, cuyas víctimas en su mayoría son mujeres y jóvenes, dijo Verónica Guerra del sector mujeres del movimiento.
«Seguimos enfrentando la cultura de la violación y la impunidad, donde las víctimas siguen siendo afectadas. Las instituciones en vez de procurar justicia se pliega a acusar a las mujeres. Vemos como los datos no concuerdan, tenemos todo un acaparamiento de las instituciones que no pueden brindar los datos fácilmente, que evidencien la gravedad de este fenómeno», aseveró.
«Día a día el golpe lo tiene la población más joven y no vemos respuesta del Estado. La política de seguridad sigue siendo nula eso a partir de que no hay espacios de participación de la sociedad civil en las instituciones de gobierno para construir una política de protección y atención», añadió.
En materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, el movimiento enfatizó que ha escalado al punto de declarar reservados informes que son catalogados como «oficiosa» por parte de las instituciones públicas.
Moisés García, quien representa al sector salud de la coordinadora explicó que esta problemática quedó evidenciada con la atención hospitalaria para grupos poblacionales con enfermedades crónicas.
«Este sistema se ha caracterizado en una desmejora de los servicios para padecimientos crónicos, como diabetes, enfermedades renales, hipertensión arterial, el cáncer de mama, que en este año 2021. Persiste el desabastecimiento de medicamentos, especialmente para los que se usan para enfermedades crónicas, el desmantelamiento del primer nivel de salud y a eso se suma el índice del incremento larvario de zancudos. Ya se abandonó el enfoque preventivo y desmanteló todo lo que quedaba de la reforma de salud», ahondó, por otra parte dijo que la pandemia ha abierto la puerta para que el Gobierno oculte información relacionada al otorgamiento de contratos para insumos y enfrentar la emergencia.
El movimiento también evaluó la actual institucionalidad, señalando que el 1 de mayo del 2021, fue «mermada» por los diputados de la Asamblea Legislativa que derivó en el menoscabo de la separación de poderes e independencia judicial.
Además denunciaron las agresiones a la libertad de expresión y prensa con «discursos de odio, confrontación y que persiguen a quienes consideran opositores, incluidos periodistas, analistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil».
«Como Coordinadora llamamos a la sociedad salvadoreña a exigir un cambio de rumbo en la forma de gobernar y en las políticas públicas, antes que sea demasiado tarde», expusieron.
