Por: Redacción YSKL
La Mesa por la Soberanía Alimentaria presentó este martes su balance anual sobre la situación de este derecho humano. El 2021 estuvo marcado con mayor corrupción y menos alimentos, según dijeron.
El movimiento que aglutina 22 organizaciones civiles dijo que para el período 2021 a 2022, unas 600,000 personas aún se encontrarán en crisis o emergencia alimentaria y, por tanto, requieren de acciones urgentes, pues la cifra incrementaría a 900,000 para el segundo trimestre del siguiente año.
A ello se suma la inflación en precios de los bienes, especialmente en los alimentos. De acuerdo al Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Centroamérica”, el año actual marcó una clara inflación en precios de alimentos: el aceite subió 73%; azúcar 40%; cereales 22%; igual que carnes.
Según el “Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021”, la prevalencia del hambre en 2020 fue de 11.2%, 3,9 puntos porcentuales más que en 2019. En la mayor parte más del 40% de la población en Mesoamérica sufre inseguridad alimentaria moderada o grave. En El Salvador, este es de 47.1%.
“Tenemos un rezago económico por los cierres de la pandemia, las tormentas tropicales de 2020 y esto se suma a la cantidad importante de importaciones que bajaron los precios de productores nacionales y que ha desmejorado sus condiciones de vida”, aseveró Adalberto Blanco, miembro de la mesa.
Los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán, Ahuachapán, Chalatenango, y Sonsonate presentan más afectaciones en sus poblaciones.
Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria expone que la situación de hambre se ha incrementado en el país – en poblaciones vulnerables-de acuerdo a estudios realizados. @XioGalinaYSKL pic.twitter.com/jUJmYlpWAr
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) December 21, 2021
Agrotóxicos
En este período, tampoco fue protegido el derecho a la salud, afirmaron los miembros de la mesa, pues de enero a septiembre, unas 588 personas murieron por causa de la insuficiencia renal. En los primeros 7 meses del año, se acumulan 7,342 casos en la red hospitalaria.
En ese sentido, exigieron a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que prohíba el uso de agroquímicos para fumigar cultivos, esencialmente los de granos básicos.
«No se le ha dado el impulso a regular los agrotóxicos y prohibir los 11 productos más contaminantes, como el glifosato, usado aquí en la industria cañera por vía aérea, afectando otros cultivos, los suelos y los mantos acuíferos, a pesar que en otros países ha generado daños irreparables y los han dejado de utilizar», dijo Blanco.
Agua
Luis González, integrante de la Mesa expuso que la Ley de Recursos Hídricos que se aprobó este martes, otorga grandes volúmenes de agua a privados hasta por 30 años, dejando en desventaja a 2,500 juntas comunitarias que abastecen con el vital líquido a un millón de personas.
«Tenemos una ley, que cuando uno la lee, ahí dice expresamente que favorece a las empresas que aprovechan los mantos acuíferos para abastecer proyectos residenciales, tenemos el caso de Valle El Ángel y Paseo del Prado que ocupan zonas de infiltración de agua solo para unos pocos. Luego tenemos la destrucción del patrimonio cultural indígena como el sitio Tacuscalco en Sonsonate y el Río Sensunapán en Nahuizalco», denunció.
Por otro lado, también advierten que el Gobierno estaría valorando derogar la Ley que prohíbe la minería metálica, que se evidencia con las reuniones de autoridades de instituciones públicas con sectores internacionales que la promueven.
La mesa exigió al gobierno aprobar la reforma constitucional que declara el agua y la alimentación como derecho humano. Así como promover una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y una Ley de Aguas con enfoque de cuencas.
Por otra parte, también exhortan a destinar más presupuesto en salud para la atención de personas con enfermedades renales crónicas, la prohibición de riego aéreo de agrotóxicos y potenciar una política nacional de mujeres rurales, indígenas y campesinas.
