Corte IDH ordenó supervisión reforzada a caso penal de la Masacre de El Mozote por cambio de juez y falta de cooperación del Estado

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución ante los informes solicitados al Estado salvadoreño como seguimiento al caso penal de la Masacre de El Mozote, donde dictó una supervisión reforzada tras «impactos dilatorios» en el proceso.

El organismo también realizó una audiencia de seguimiento de la sentencia emitida en el 2012 donde estableció que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos en la Masacre de El Mozote.

La supervisión reforzada será sobre la medida de reparación de investigación de los hechos, mediante un seguimiento constante sobre su cumplimiento.

El fallo indica que la Corte solicitará informes cada tres meses al Estado mientras siga la situación.

La preocupación 

Según la revelación de la resolución en medios internacionales, se indica que la CorteIDH «observa con extrema preocupación que (…) la causa estaría totalmente paralizada desde abril de 2021» a raíz de «una serie de recursos por la defensa de los acusados e, incluso, algunos por la propia fiscalía», que tuvieron un efecto «dilatorio de la investigación».

«Las autoridades estatales han mantenido la posición de negativa y falta de colaboración para brindar información relevante para la investigación del caso, impidiendo que el juez de la causa llevara a cabo las inspecciones ordenadas en el marco de dicho proceso», añade.

La negativa a expedientes militares

La audiencia del proceso «Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador» del pasado mes de marzo se realizó luego que organizaciones de derechos humanos pidieran a la Corte que aplicara medidas cautelares contra el Estado por la presunta obstaculización a la justicia y posible acciones para encubrir a autores de la masacre, tales como la negativa a la inspección de archivos militares.

Petición de medidas por depuración de jueces

La Corte ya había ordenado al Estado salvadoreño rendir un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial en el caso penal de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y sancionadas por el Presidente Nayib Bukele depuraron a jueces por tener más de 60 años de edad o 30 años en funciones, entre ellos, el juez que conocía el caso, Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.

Las organizaciones Tutela legal María Julia Hernández y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de víctimas, acudieron a la Corte para exponer las reformas que podrían paralizar el caso penal que está por pasar a una fase de juicio contra más de 17 militares por la matanza de 1981 en el contexto del Conflicto Armado.

La Corte pidió el informe a las autoridades de El Salvador el 14 de septiembre, mismo día que fueron publicadas las reformas en el Diario Oficial y que tendrán vigencia 8 días después.

El informe debía entregarse el 24 de septiembre, pero el Estado solicitó una prórroga hasta el 28 de septiembre.

Las organizaciones pidieron que la Corte decrete la inaplicabilidad de las reformas por la posible paralización del proceso.

Sobre la Masacre

La Masacre de El Mozote fue el nombre que se dio al conjunto de masacres contra población civil que realizó la Fuerza Armada a través del batallón Atlacatl en un operativo de contrainsurgencia de los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, específicamente en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles.

¿Quiénes fueron los responsables según el peritaje?

La perito del caso judicial, Terry Lynn Karl, declaró en la audiencia especial de anticipo de pruebasque ordenó el  Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del juez Jorge Guzmán, donde señaló a José Guillermo García, ministro de Defensa entre octubre de 1979 y abril de 1983, Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada en 1981, Francisco Castillo, ex viceministro de Defensa, Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1989; el comandante de la Tercera Brigada, Jaime Ernesto Flores Grijalva, el comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa, el segundo al mando del Batallón Atlacatl, Natividad de Jesús Cáceres Cabrera.

Pero además, a los seis comandantes de compañía del Batallón, quienes habrían ejecutado la masacre.

Se trata de los militares Juan Ernesto Méndez Rodríguez; Mauricio Isaac Duque «Duke» Lozano, Roberto Alfonzo Mendoza Portillo, Juan Horacio Martínez Martínez, José Antonio Rodríguez Molina, Walter Oswaldo Salazar Martínez, cada uno dirigía las compañías.