Por: Redacción YSKL
La congresista de Estados Unidos Norma J. Torres y otra docena de representantes legislativos enviaron esta semana una carta al Asistente del Departamento de Estado de EE. UU., y al administrador adjunto interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), expresando su preocupación por el cierre de espacios cívicos en Centroamérica y solicitaron que la Administración priorice la defensa y protección de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la región.
“Aplaudimos el énfasis de la administración Biden-Harris en asociarse con la sociedad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras para promover los derechos humanos, la anticorrupción, la democracia y el desarrollo sostenible dentro de la región y el compromiso declarado de USAID de dirigir el 25 % del gobierno de EE. UU. asistencia a los socios de desarrollo local durante los próximos cuatro años”, escriben los legisladores.
Sin embargo, externaron su preocupación por la aprobación de leyes que restringen las actividades de la sociedad civil y que a su vez impida directamente la capacidad del gobierno estadounidense y de la comunidad internacional en general para asociarse con la sociedad civil “de manera segura y eficaz para llevar a cabo operaciones legítimas”.
“Específicamente, nos preocupa que la legislación propuesta o promulgada en El Salvador, Guatemala y Honduras impacte nuestros esfuerzos para promover el desarrollo liderado por la comunidad y apoyar una región más democrática y próspera; esta legislación debe ser considerada un obstáculo para nuestra cooperación bilateral”, continúan los legisladores.
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En la misiva, hicieron hincapié que dentro de la región del Triángulo Norte, las OSC suelen ser el socio más confiable del Gobierno norteamericano, por ende, sugirieron elevar las proclamas contra leyes que van en detrimento de las mismas, sobre todo aquellas que hacen críticas contra las administraciones gubernamentales.
“Considerando estos desarrollos, instamos al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a priorizar la protección de la sociedad civil en nuestras relaciones bilaterales con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, incluso abogando por una mayor consulta con la sociedad civil y pidiendo claridad en torno a los detalles de las leyes abordadas anteriormente y su implementación”, concluyen los legisladores.
Ante ello, pidieron al Departamento considerar todas las opciones “legales, flexibles y creativas” para financiar y proteger a las organizaciones de la sociedad civil que operan en contextos donde se les merma su accionar.
Además pidieron establecer mecanismos para una financiación flexible y receptiva para contrarrestar posibles ataques contra las OSC y proteger la asistencia de los EE. UU..
También propusieron crear mecanismos para que la sociedad civil continúe trabajando ante el cierre de espacios que incluya la colaboración con agencias gubernamentales de EE. UU. y otros socios internacionales.
Torres, quien ha sido una voz crítica de la deriva democrática que emerge en la región, ha señalado que la administración de Joe Biden, debe imponer condicionantes a los países socios, para que, en el marco del respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, eliminen las redes de corrupción enquistadas en los Gobiernos.
Actualmente, Washington lleva a cabo un plan regional que tiene por objeto apoyar en programas económicos, sociales e institucionales a los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras, en aras de cambiar las condiciones y así reducir la migración irregular a los Estados Unidos.
En el caso de Guatemala, el panorama de persecución contra defensores de derechos humanos ha arreciado, se ha intensificado, pues está siendo utilizado el aparato judicial para encausar a líderes ambientalistas y comunales que alzan la voz por la contaminación y la toma de instituciones que combaten la corrupción. En el caso de Honduras, las denuncias se enfocan en los constantes ataques a organizaciones que exponen actos de corrupción desde el Ejecutivo.
En El Salvador, Torres se ha pronunciado por actos que van desde las críticas a medios de comunicación que investigan hechos de corrupción desde el gobierno, acusaciones contra miembros y dirigentes de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, y hasta la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que si bien aún no tiene el aval para convertirse en ley de la República, establece medidas para regular el financiamiento internacional que reciben las OSC en El Salvador, que incluye impuestos del 40% de los montos.
