Por: Redacción YSKL
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP), iglesias y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP), llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa, para conmemorar dos años de transcurridos los eventos del 9 de febrero del 2020, en donde ocurrió una toma militar del Gobierno.
Los colectivos condenaron la efeméride, catalogándola como el inicio de acciones autoritarias que provienen del Ejecutivo salvadoreño en contra de las instituciones que trabajan en combatir la corrupción e impunidad.
“Constituyó un golpe contra la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de Derecho de la incipiente democracia en el país. Aquel día el Presidente Bukele irrumpió el palacio legislativo con militares y la policía, usurpó la presidencia del Órgano Legislativo y así consolidó su actitud antidemocrática de gobernar”, señaló Sonia Urrutia, una de las representantes del CSMP.
Los demandantes declararon simbólicamente el 9 de febrero como el “Día Nacional de la Lucha contra el Autoritarismo”, que incluye una condena a las actuaciones del bloque oficialista de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, que inició funciones el 1 de mayo del 2021, con la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, asimismo la Ley Bitcoin, la denominada “Ley Alabí” que regula las compras de insumos para la pandemia, la Ley de Recursos Hídricos y la purga masiva de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“El país está amenazado, en camino de convertirse en dictadura, que no permite la diferencia de pensamiento, hay persecución a periodistas, hay modificaciones al Código Penal que crea agentes encubiertos digitales, para que no puedan guardar fuentes, todas esas medidas que se están tomando aquí en la Asamblea Legislativa, están en contra de las libertades y la democracia”, manifestó Morena Murillo, una líder sindical perteneciente al CSMP.
Dos años se cumplen de la intervención militar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa liderada por el Presidente Nayib Bukele; sin embargo, en los pasillos legislativos se escucha sobre el desafuero de diputados de Nuevas Ideas por «conspirar» para separar a la bancada en una sesión programada para este miércoles, lo que ha sido catalogado como una forma de distracción del acontecimiento que fue considerado como un «intento de golpe de Estado»
La irrupción de la Fuerza Armada en el Congreso el 9 de febrero de 2020, fue como una medida de presión, siendo el resultado de una serie de enfrentamientos entre el Legislativo y la Presidencia por definir un préstamo de $109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial.
Previo al 9 de febrero, el Presidente Nayib Bukele convocó en redes sociales a una movilización hasta el palacio legislativo para presionar a los diputados en la aprobación de este préstamo, pues los señaló de beneficiar a la delincuencia al no hacerlo.
«Hay un manejo tan malintencionado de la agenda legislativa y también del gobierno, expertos de las comunicaciones con sus asesores, sabemos quien es una de las asesoras, el tema del manejo comunicacional y desviar la atención de los temas como hoy se recuerda del intento de golpe de Estado, la población tiene memoria, por mucho que intenten, no lo van a lograr», mencionó la diputada del FMLN, Anabel Belloso.
«El 9F de 2020 se rompe algo en El Salvador, se rompen muchas cosas, la confianza internacional e internamente, ese día se quita la mascara, se toma la Asamblea de forma violenta, nos da la pauta de cómo seria en adelante, un golpe a la democracia, esa presión indebida para hacer que aprobara un préstamo para el Plan de Control Territorial, este fin de semana fueron encontrados 26 cadáveres», expuso la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
La anterior Asamblea remitió un informe a la Fiscalía General de la República (FGR), en ese momento liderada por Raúl Melara, para investigar al Presidente Bukele por el delito de rebelión y sedición por dicho hecho; la actual Fiscalía no ha informado sobre dicho caso.
