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Por: Redacción YSKL
La Comisión Pro-Memoria Histórica, que aglutina distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado, presentaron este miércoles un escrito a la Asamblea Legislativa solicitando se les permita participar en el proceso de creación de la Ley de Reconciliación Nacional que estudia la comisión de Justicia y Derechos Humanos de dicho Órgano de Estado.
En una carta dirigida la diputada presidenta de dicha comisión, Rebeca Santos, el colectivo solicita ser tomados en cuenta para que puedan brindar aportes en materia de memoria histórica y otros elementos con los que se busquen medidas de reparación, justicia y verdad, a las violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad cometidas durante la guerra civil salvadoreña.
Las organizaciones expresan que tienen importantes aportes que realizar para poder elaborar una Ley de Reconciliación que otorgue a las víctimas una justicia verdadera.
Entre las grupos de derechos humanos que se aglutinan en el colectivo se encuentran el Comité de Familiares Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Comité de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Asesinados Políticos (Co – Madres), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) entre otros.
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En septiembre del 2021, la Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES) y organizaciones de víctimas del conflicto armado, llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de Ley de Justicia Transicional.
Dicho anteproyecto se elaboró con los perjudicados en violaciones a derechos humanos cometidas entre los años 1980 a 1992 y busca que se garanticen los cuatro componentes que mandató la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
la ley contará con el principio de centralidad, es decir, ellas serán las partícipes de todo el proceso de formación de ley, y su ejecución.
Unas 16 organizaciones participaron en la formulación de la iniciativa, entre las que destacan juicios para establecer paradero de muertos y desaparecidos; procesos judiciales excepcionales a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal; e imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Además, para garantizar el acceso a la verdad y justicia, personas naturales y jurídicas podrán solicitar la investigación y promover procesos penales. Contempla crear un registro de víctimas y un centro de documentación de memoria histórica.
En cuanto a reparación, se solicita la creación de un fondo en favor de los dolientes, que se financiará con presupuesto del Estado; la asignación de un porcentaje (5%) de lo incautado mediante la Ley de Extinción de Dominio; y destinar una cuota del impuesto conocido como Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE). En este punto la ley plantea que se signe el $0,16 de cada galón comprado.
Ambas propuestas estarían solventándose con la creación de consejos rectores y una dirección ejecutiva que administrará los programas.
