Por: Redacción YSKL
La Alianza Nacional por el TPS, una organización no gubernamental de Estados Unidos que se mantiene a la expectativa de lo que dicte la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito entorno al Estatus de Protección Temporal, acusó al tribunal de rechazar un legajo de argumentaciones para el caso llamado Ramos vs. Mayorkas.
Son 337,000 migrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal que buscaban sumarse a la demanda para evitar la deportación, programada para el 31 de diciembre del 2022.
“Se declina la estipulación conjunta de las partes para la presentación de información complementaria. No es necesario presentar más escritos en este momento”, dice un documento emitido este martes por la Corte de Apelaciones y remitido al Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California. Por el momento no está claro si es una decisión final o sólo rechazan recibir más argumentación de los abogados de los tepesianos.
“El presidente Biden está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de la protección y negando nuestros derechos”, según defensores del TPS.
“La administración de Biden tiene la autoridad legal y la obligación moral de expandir el TPS a todos los que lo necesitan”, dijo Doris Landaverde, una de las activistas en Boston que forma parte de la Alianza Nacional de TPS.
Cabe destacar que la Corte no sesionó durante una semana y emitió una decisión el día de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. A la postre, las negociaciones que los defensores de los migrantes mantenían con la Administración de Joe Biden se rompieron esta semana. Eso despertó el temor de que el plazo de vigencia no se extienda y que los beneficiarios queden expuestos a la deportación.
«Otro ejemplo de cómo la administración Biden está haciendo lo contrario a lo que prometió a las familias migrantes y está, en cambio, apoyando las políticas racistas y antiinmigrantes de Trump», señaló la Alianza en twitter.
Este programa protege de la deportación y le otorga permisos de trabajo a los migrantes procedentes de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias «extraordinarias». Pero durante su administración, el Presidente Donald Trump revocó el beneficio para los procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Nepal, Sudan y Haití.
Trump adujo que el beneficio se prolongó después de que los países habían superado los desastres. Eso provocó que en 2018 los beneficiarios y sus hijos nacidos en Estados Unidos presentaran una demanda judicial. En octubre de ese mismo año, un juez determinó que poner fin al beneficio era ilegal. Sin embargo, en septiembre de 2020 el Tribunal de Apelaciones revocó dicha orden, aunque esta no es definitiva porque sigue pendiente una nueva audiencia solicitada por los demandantes.
Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) a finales de 2021 estaban inscritos en el programa TPS 241,699 salvadoreños, 76,737 hondureños, 14,556 nepalíes y 4,250 nicaragüenses.
