Por: Redacción YSKL
Este lunes inició trabajo la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia el proyecto de reformas al sistema previsional de pensiones. El primer invitado por parte de los legisladores que estudian las reformas fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro y el titular de la Superintendencia del Sistema Financiero, Mario Menéndez, para brindar insumos y valoraciones respecto a la propuesta presentada.
En este sentido, Castro mencionó que uno de los aspectos que contiene el proyecto de reformas es que el gobierno en turno ya no podrá hacer uso del fondo de pensiones para financiamiento.
El funcionario dijo los gobiernos anteriores a partir del periodo del expresidente Elías Antonio Saca, se crearon los certificados de inversión previsional y debido a la crisis económica de 2008 y el desplome a nivel general de los mercados la administración gubernamental de ese entonces toma una parte de esos certificados con una tasa de interés del 1.3 % y que se mantuvo así durante los siguientes gobiernos.
“Luego posteriormente entran los gobiernos del FMLN, el gobierno de Funes mete la mano al fondo de pensiones y se vuelve a garantizar la liquidez del Estado a través del Fondo de Pensiones pagando 1.3 % de tasa de interés y todavía llega el segundo gobierno del FMLN de Sánchez Cerén y aún más le sigue metiendo la mano al fondo”, explicó el ministro de Trabajo.
Añadió que estudios nacionales e internacionales reflejan que de cada punto de tasa de interés que no se pague existe -20 % de tasa de rentabilidad para los cotizantes.
“Nosotros hemos hecho un análisis a nivel general y el no pago de la tasa competitiva de interés del Fondo de Pensiones del dinero que tomo el gobierno y le pago a la banca multilateral el 6, 7 y 8 % y pagar 1.3 %, los estudios nos indican que los gobiernos de El Salvador en la época de ARENA y del FMLN no pagaron arriba de $1,000 millones de dólares que hoy fueron $1,000 millones de dólares más al fondo de pensiones”, enfatizó Castro.
Explicó que en el actual proyecto de reformas se plantea que por mandato de ley ninguna administración gubernamental tomará dinero del fondo de pensiones para dar liquidez económica.
