Por Redacción YSKL
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó este martes el Informe Anual 2022, con respecto al estado de los Derechos Humanos en El Salvador.
El informe toma tres aspectos principales, relacionados con abusos de parte de las autoridades, la implementación del Régimen de Excepción, y en la ausencia de un sistema de justicia independiente que garantice un juicio justo a las personas detenidas.
En primer lugar, el observatorio hizo referencia al incremento de detenciones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), haciendo un análisis comparativo, ante los que detallaron que hubo un incremento de capturas del 175% durante el 2022, en comparación con el año previo.
Además, indicaron que el 71% de estas detenciones se dieron en el marco del régimen de excepción.
En cuanto a la implementación del régimen, el estudio apunta que provocó un hacinamiento del 300%, puesto que los centros penitenciarios ya se catalogaban como saturados, y, a pesar de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), no fue sino hasta febrero del 2023 que se habrían reubicado a 2 mil reos.
Este factor generó un incremento en los casos de muertes de civiles bajo custodia estatal, según el documento.
“Organizaciones de la sociedad civil reportan haber identificado unas 102 muertes a principio de 2023, mientras el Movimiento de Víctimas del Régimen informó de la existencia de más de 200 muertes”, cita el informe.
Estos hechos son atribuidos por el OUDH, a presuntos casos de violencia y tortura ejecutada por personal penitenciario contra los privados de libertad y en otros casos, así como complicaciones de salud, debido a falta de atención médica.
Con respecto a la ausencia de un sistema de justicia imparcial que vele por un juicio justo para las personas detenidas, el Observatorio señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial “se han plegado a las directrices del Órgano Ejecutivo en la implementación del Régimen de Excepción”.
Ante esto, señala que puntos como “instauración de los jueces sin rostro, la extensión del plazo de la detención administrativa, la prisión preventiva de forma generalizada y las audiencias masivas” han influido en el encierro de personas inocentes, debido a que no existe un derecho de defensa.
Entre las recomendaciones se menciona que la autoridades como la FGR, la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP) y la Inspectoría General de la Fuerza Armada, investiguen denuncias de violaciones de derechos humanos atribuidas a los miembros de fuerzas de seguridad.
Además, de permitir el ingreso de instituciones de control a los centros penales, para verificar las condiciones de las personas privadas de libertad.
