Por: Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un proyecto de ley para fiscalizar a la agencia portuaria, aeroportuaria y ferroviaria CEPA que, según miembros de la oposición, podría restar transparencia a las adquisiciones y licitaciones.
El martes y con 66 votos a favor, la legislatura —con mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas— dio el visto bueno a la propuesta que reemplaza a una ley de 1965.
“Ahora tenemos una ley que realmente va a dinamizar y abrir la puerta a nuevos inversionistas” en las áreas aeroportuaria y portuaria, dijo el titular de CEPA, Federico Anliker, en una entrevista televisiva el miércoles.
La nueva norma estipula que la agencia puede eludir la ley de compras públicas al adquirir o contratar bienes, obras y servicios en determinadas circunstancias como desastres naturales, calamidad pública y fuerza mayor.
También autoriza a CEPA a adquirir bienes, obras o servicios de gran valor o complejidad sin someterse a la ley de adquisiciones, ajustándose únicamente a criterios internacionales.
“Este tipo de controles [bajo la ley vigente] no se deben quitar”, advirtió Claudia Ortiz, representante del partido Vamos. “Con la excusa de actualizar la ley de CEPA vemos con preocupación cómo se están quitando candados al abuso del poder”.
“Es otro paso más de ellos en la destrucción de los procesos de compra pública de manera transparente o con libre competencia”, dijo Anabel Belloso, diputada del partido FMLN, según el mismo artículo noticioso.
Anliker negó que la ley debilite la supervisión y fiscalización de las licitaciones y dijo que su objetivo es reducir la burocracia.
“Viene a plasmar mecanismos internos” de control dentro de la ley, explicó.
“Necesitamos evitar burocracias y ser más expeditos”, comentó Anliker. Agregó que se debe dinamizar “una institución importante que tiene que ver con los puertos, aeropuertos y temas ferroviarios”.
John Wright, diputado del partido Nuestro Tiempo, dijo el martes durante el debate del proyecto de ley que su aprobación se suma a un patrón de acciones por parte del gobierno para posibilitar que ministerios y organismos dependientes tengan “un régimen de excepción bastante amplio y discrecional para evitar entrar bajo el control de la ley de compras públicas”.
La ley también permite a CEPA otorgar concesiones y firmar contratos de asociación público-privada.
