Por Redacción YSKL
Luego de que el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque otorgara arresto domiciliar para los líderes comunitarios, procesados un caso de homicidio que ocurrió en 1989, los habitantes y representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES Santa Marta) denunciaron este lunes que las autoridades aún no han dado cumplimiento a la orden judicial.
El pasado 23 de agosto, se dio a conocer el fallo, y según indicó la asociación los seis imputados «debieron salir de prisión hace una semana», por lo que pidieron a las autoridades penitenciarias y policiales acelerar el proceso de excarcelación.
«Es condenable que la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Policía Nacional Civil y demás instancias involucradas aún no hayan cumplido la orden judicial que revirtió la detención provisional y concedió arresto domiciliar a los defensores ambientales. Esta grave irresponsabilidad gubernamental pone en grave peligro la vida de nuestros compañeros, ya que su situación de salud es extremadamente delicada», señalaron.
También aseguraron que los informes del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que la situación de salud de los líderes comunitarios es «extremadamente delicada», motivo por el cual se resolvió «que fueran llevados inmediatamente a recibir atención médica y luego a sus viviendas».
«Elevamos la denuncia nacional e internacional, sobre todo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a quienes pedimos intervenir con urgencia ante la negativa de las autoridades salvadoreñas de liberar a los ambientalistas», añadió ADES Santa Marta.
Previamente, en distintas ocasiones se habían pronunciado ante la postergación de audiencia de revisión de medidas, alegando que se trataba de medidas dilatorias en contra de los afectados, quienes llevan alrededor de siete meses encarcelados “en condiciones inhumanas y bajo reglas del régimen de excepción, aún cuando el caso no tiene relación con pandillas”, por lo que los imputados no han podido contactarse con su familia desde el 18 de enero, y en el caso del abogado defensor, desde el 7 de marzo.
Los imputados fueron encarcelados el pasado 11 de enero de este año, tras ser acusados por la Fiscalía, por los cargos de secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, en la época del conflicto armado.
Según las investigaciones, el 22 de agosto de 1989, los acusados presuntamente irrumpieron en la vivienda de María Inés, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron, en el cantón Santa Marta, ubicado en el municipio de Victoria, en Cabañas. La víctima habría sido acusada de haber colaborado con el ejército.
