Por Redacción YSKL
Con 65 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes, el dictamen favorable “Disposiciones Especiales Relativas a Incentivos Fiscales a los Proyectos Relacionados con el Estudio de Ingeniería de Equipo de Dragado y su Puesta en Marcha para el Puerto de La Unión”, que consisten en la habilitación de exenciones tributarias durante la ejecución de la obra.
El objetivo de la medida presentada por los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas (MOP) es asignar beneficios fiscales a las empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar en un proyecto en el Puerto de La Unión.
Actualmente, el canal interno para llegar al puerto tiene una profundidad de 7 metros, pero se requiere llegar a 10 metros para que los buques puedan ingresar y usar los servicios de esa terminal.
Los beneficiados con la medida serían el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, las personas naturales y jurídicas, los contratistas, subcontratistas y los proveedores de éstos últimos.
Los favorecidos serán exentos de la totalidad de los pagos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA); los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e impuestos que graven la importación definitiva de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos, accesorios, utensilios, y demás mercancías; e impuestos, aranceles y gravámenes relacionados a las adquisiciones, compras y contrataciones.
También se les omitieran cobros de impuestos municipales y de las tasas del Centro Nacional de Registros, “siempre que deban de ser pagados por los citados proyectos o programas”.
Los aplicantes deberán estar “involucrados” en la supervisión, planificación, diseño y construcción de los proyectos relacionados con el estudio de ingeniería de equipo de dragado y su puesta en marcha para el Puerto de La Unión, esto desde la firma de los contratos respectivos hasta la recepción de las obras o “el fin contractual con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en cualquiera de sus formas”.
Cabe aclarar que los adjudicados al decreto, deberán estar solventes del pago al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones, de las aportaciones efectuadas por el patrono, de las cotizaciones y retenciones efectuadas a sus trabajadores “así como, cumplir con las obligaciones emanadas del contrato dentro de los plazos y condiciones estipuladas en el mismo”.
Dichas disposiciones entrarán en vigencia, tras ser publicadas en el Diario Oficial.
