El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvados continúo la vista pública contra los exdirectores de Centros Penales Rodil Fernando Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
Este día rindieron su declaración cinco testigos de cargos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.
Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales; además, declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.
Además, declaró un exdelegado de inteligencia en Centros Penales, quien narró que no se contaban con fondos públicos para el mantenimiento de personal que colaboraba en tareas de inteligencia en los Penales, por lo tanto se asignó dinero de las ganancias de las tiendas para darles bonificaciones a los colaboradores, que iban entre los 200 y 400 dólares mensuales.
También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.
De esta forma, dijo que se encontró que 3 millones 19 mil dólares había sido utilizados para pago de bonificaciones, sobresueldos y planilla de pagos, de la misma forma, se encontró que 200 mil dólares se había utilizado para el pago de inteligencia.
Posteriormente declaro el exministro de Justicia y Seguridad, General David Munguía Payes, quien narró que cuando Rauda era director de Centros Penales le había entregado dinero de las tienda penitenciales, para el pago de inteligencia y contra inteligencia, que mensualmente le daba entre dos mil y dos mil 500 dólares para dichos pagos.
Además, dijo que él sabía que también se pagaba con el dinero de las tiendas a personal que servía de inteligencia en los penales y esto se daba porque en los penales era donde se recopilaba la mejor información.
Asimismo, declararon dos testigos de descargó que contaron que con el dinero de las tiendas se pagaban horas extras de los trabajadores que se encargaban del mantenimiento de las cárceles del país.
Igualmente, relató un perito utilizado por la defensa, que en el período del 2012 las tiendas penitenciarias había generado un total de 45 mil dólares y que de esto el 0.53 % se había utilizado para el pago de inteligencia.
Y en el 2013 se había obtenido un total de ingresos de 108 mil dólares, orientando el 1.05% para el pago de inteligencia.
Finalmente, se incorporó la prueba documental que cuenta el proceso y quedó pendiente para el lunes 2 de septiembre la declaración del último testigo de descargo; se prevé que el lunes luego de la declaración del testigos las partes inicien sus alegatos finales.
