El pasado 7 de Octubre, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrolló una inspección al interior de las instalaciones del Diario Co Latino, por supuestas irregularidades en materia laboral.
Según detalló la cartera de trabajo, fue solicitada información acerca de control de asistencia de empleados de Agosto y Septiembre, reglamento interno, contratos individuales, planilla de pago, listados de personal por cargo, salario o estado de gravidez, últimas planillas de AFP e ISSS.
Por este último, el periódico tuvo problemas con atrasos en el pago de seguro social, por tres meses, «pero lo hemos venido solventando dando muestras que es nuestro interés ponernos al día, por lo que tememos que se ocupe esta situación para acallar nuestra voz», reiteró el medio a través de un comunicado.
El Director del periódico, Francisco Valencia, cuestionó que la medida podría incurrir en un carácter «político e inadecuado» y solicitó audiencia al Presidente Nayib Bukele para resolver la situación.
Por su parte el mandatario cuestionó las afirmaciones del comunicado; «Denunciando que el Ministerio de Trabajo llegó a hacer una inspeccion», y mencionó que este «va lleno de acusaciones de supuestas motivaciones políticas. Ahora lean el numeral 4 (…) ahora explíquenme qué se supone que haga el Estado», enfatizó.
En ese sentido, afirmó que las deudas del seguro social, serán pagadas mediante un donativo de la familia Bukele, «aunque no puedo ayudarlo como funcionario, sí puedo como persona», aseveró.
Valencia agradeció el gesto y reiteró que su interés siempre ha sido cumplir la ley e insistió en su audiencia con Bukele.
«Aclaro que en ningún momento hay una línea de ataque al gobierno, puede constatar que se brindan los espacios que como gobierno y como presidente tiene en la agenda nacional y periodística en las páginas de Co Latino», detalló.
El Ministerio de Trabajo tiene convenios con varias asociaciones, por la protección de los derechos laborales del personal de la prensa, y en estas incluyen inspecciones «en todos los medios de comunicación tanto radiales, televisivos, escritos como digitales».
Este convenio se firmó el 11 de Septiembre de 2019, entre la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (ASPIES), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
El Ministerio afirmó que no posee ningún sesgo político; «por el contrario, la profesión del periodismo es de las más vulnerables en materia de derechos laborales».
«Las inspecciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la ley y recordarles a los empresarios de los medios de comunicación que deben cumplir con las normativas jurídicas», dijo por su parte la institución.
