Antes de instalar el juicio del caso de la agente Carla Ayala, el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, llevará a cabo una audiencia especial para ordenar la prueba que se conocerá en la vista pública.
“La jueza tomó a bien señalar esta audiencia especial para ordenar qué testigos van a pasar, para lograr un acuerdo con querella, fiscalía y defensa para estipular la prueba para que sea un proceso más ágil y no haya interrupciones”, explicó la querella del caso, Arnau Barlenas, sobre la razón de esta audiencia especial.
En el presente caso, la Fiscalía General de la República a 14 sujetos, 12 de ellos agentes del extinto grupo de reacción policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos el supuesto autor, Juan Josué Arévalo Castillo, conocido como Samurai, por feminicidio agravado, incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en comisión por omisión en la vida de la agente Karla Mayarí Ayala.
Según la defensa de uno de los inspectores procesados, hay dos sujetos que la FGR no señaló como participantes del feminicidio “no fue culpa de los agentes de los que ahora se incrimina”, expresó.
“Por el árbol de la Paz ellos le dijeron (a Samurai) que se fuera y estas dos personas le señalaron al inspector otro rumbo por el cual se había ido […] Fiscalía los debe capturar porque ellos sí son culpables”, aseveró.
Además, la querella expresó que las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) no muestran voluntad para capturar a “Samurai” y “denota las mentiras continuadas del anterior y actual director de la Policía Nacional Civil, además denota la complicidad institucional”.
Los datos del proceso indican que, en 2017, tras una fiesta navideña y de despedida del año en el GRP, varios agentes se dirigían a bordo de una patrulla a dejar a su vivienda a la agente Carla Ayala, pero en el trayecto Juan Josué Arévalo Castillo, miembro de la institución policial y actualmente prófugo de la justicia, le disparó a la víctima por motivos desconocidos.
Nueve meses después, el cadáver de Ayala fue encontrado enterrado en una tumba clandestina, ubicada en cantón Los Horno de San Francisco Javier, Usulután.
