Representantes del Gobierno dijeron que la renuncia de las cinco instituciones del sector privado del Comité fiscalizador de los $2 mil millones fue porque debían presentar declaraciones patrimoniales por configurarse, bajo el decreto 608, como funcionarios públicos, además, «porque bajo esa figura no pueden ofertar al Estado a través de sus empresas».
Según el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, la renuncia tiene un «tinte político» y asegura que en las 10 reuniones en el comité, ambas partes «hicieron presentaciones» sobre las propuestas en el manejo de los fondos, «me dio tristeza ver el comunicado porque dicen que no sabían nada».
Las instituciones manifestaron que no se le han dado los informes sobre el proceso de la entrega del subsidio de $300, además explicaron no ser partícipes de las reformas presentadas a la Asamblea Legislativa sobre el decreto 608, el que contiene la gestión de los $2 mil millones. Asimismo, sobre los recursos utilizados en las adecuaciones y construcción de hospitales.
De acuerdo con Castro, este día, que se presentó a la Comisión de Hacienda que se recibían $389 millones del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), renunciaron.
«Vamos a pensar dar a conocer las 10 actas de estas reuniones, no tenemos nada que estar escondiendo», aseveró.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, planteó que en las reuniones se discutió sobre el tema de las canastas alimenticias, temas de salud pública y recursos para reactivación económica; también señaló que está documentado.
Fuentes destacó que el Parlamento deberá definir si se deben nombrar nuevas representaciones de estas instituciones o a otras entidades que suplan esos puestos, «hasta que la asamblea no diga lo contrario, siguen perteneciendo».
Asimismo, el ministro mencionó que luego de la discusión de la planificación de los fondos provenientes del FMI, «la parte del comité se entrampó».
«Debe haber otras justificaciones que no iban en la carta», enfatizó.
El Asesor Jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, hizo referencia a que esta renuncia está ligada a que los pertenecientes del comité pasaban a ser funcionarios públicos, por lo que «si tienen empresas tienen prohibiciones, no pueden ofertar al Estado y están sujetos a la Corte de Cuentas de la República».
«A partir de eso se viene ese tema que solo quieren aconsejar y no ser funcionarios públicos», acotó.
Argueta comentó que se reunió con parte de los representantes jurídicos de las instituciones, «la discusión fue cómo quitarles responsabilidad como funcionarios».
También expresó que a pesar que llegaron a acuerdos para solicitar auditoría previa de la Corte de Cuentas y el equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), «todas actas por consenso, ellos han renunciado». A pesar de esto, deben presentar la declaración de probidad.
