El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, asistió a la Asamblea Legislativa para solicitar la autorización de adquirir un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones para atender la emergencia nacional COVID-19, como parte de los $2 mil millones aprobados de gestión por el Congreso.
El funcionario gestionó con el organismo internacional y se estableció que el plazo del préstamo es de siete años desde la fecha de suscripción del crédito y se contará con tres meses de período de gracia.
De acuerdo con el ministro, este fondo será utilizado para reducir el déficit fiscal y la compra de medicamentos y equipo hospitalario.
Por otra parte, Fuentes asistió a la Comisión del Parlamento para solicitar el cambio del destino de fondos de $389 millones en crédito que ya había sido aprobado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); de forma que sea dirigido al fondo general del Estado, ya que de este se han financiado compras de insumos y contrataciones para atender la emergercia en la espera de los primeros desembolsos con los bancos internacionales.
Diputados de la Comisión de Hacienda expresaron que para aprobar créditos y este cambio, la cartera de Estado debe informar detalladamente sobre los gastos y las inversiones del Gobierno en el marco de la emergencia.
Esto debido a que los informes que han sido presentados, según los legisladores, solo muestran cantidades, mas no la justificación del porqué se contrató a esos proveedores y los gastos exactos, así como la forma de inversión.
Los legisladores expresaron al Ministro que deben detallar cómo serán distribuidos los montos que han sido aprobados, debido a que solo se han manejado cifras generales, pero no la forma de inversión y protocolos.
Un total de $3 mil millones autorizó el Parlamento al Gobierno para gestionar y ser utilizado para la atención de la emergencia; sin embargo la Asamblea alegó falta de transparencia.
Inicialmente, se aprobaron $2 mil millones, el 30% sería dirigido a las municipalidades para actuar en las localidades por la pandemia; el Ejecutivo solicitó una reforma para que parte de estos recursos sean dirigidos al fondo general del Estado por la inversión en construcción de infraestructura y para reintegrar los recursos utilizados en el programa del subsidio de $300 que se realizó sin que estos créditos hubieran sido desembolsados.
En el decreto 608, el que autorizó esta gestión, se establece que el 70% correspondiente al Gobierno podría ser utilizado para la ayuda a micro, pequeñas y medianas empresas; dato que parte de los diputados alegaron que se repetía en la solicitud de los mil millones que solicitaron hace dos semanas para ser utilizados para este sector y un plan de salvataje para el empleo.
