En el quinto día de reunión entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa para acordar una ley de emergencia y retorno laboral, se discutió sobre la declaración de emergencia, su duración y las regulaciones en las compras y usos del fondo público para atender la pandemia.
Esta discusión fue puesta en pausa, estos son los preacuerdos:
La declaratoria de Estado de Emergencia en todo el país tendría una duración de 15 días, a esta se encuentra ligada la excepción en los procesos de licitación establecidos en la Ley de Adquisición y Contratación de la Administración Pública (LACAP); es decir, las contrataciones directas.
Tras desacuerdos en su emisión debido a que los diputados consideraron que el Gobierno no ha transparentado el uso de fondos públicos en los más de 60 días de la aplicación de la anterior ley de emergencia, accedieron a una nueva declaratoria.
Sin embargo, esta moción no fue apoyada por el grupo parlamentario del FMLN.
Para lograr una declaración de emergencia, el Gobierno accedió a regular los mecanismos de contrataciones de bienes y servicios para atender la pandemia del COVID-19.
La propuesta establecida por los legisladores consta de permitir en el tiempo establecido de emergencia (15 días) las contrataciones y adquisiciones al Gobierno y las instalaciones públicas que atienden la pandemia.
Estas solo serán relativas a esta atención; es decir, compras de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, productos farmacéuticos y lo relacionado al tratamiento de la enfermedad.
Este fue el consenso de ambas partes.
Además, los representantes del Gobierno solicitaron que se incluyeran las contrataciones para las adecuaciones y construcción de hospitales, así como productos alimenticios para dar seguridad alimentaria en el periodo de la pandemia.
La Ministra de Turismo, Morena Valdez, pidió que se incluyera en este proceso de contrataciones directas lo relativo a los centros de contención, pues se trata de hoteles a los que solicitan los servicios y hacen el pago por ello.
Asimismo, indicó que hasta el momento solo se cuentan con hoteles pequeños y medianos, pues los grandes funcionan como franquicias, por lo que solicitar uno implica utilizar toda la red hotelera de esa empresa; por lo que si no existe la contratación directa, deberá pasar a un proceso de licitación, por ende, comparación de precios que puede llevar más tiempo, cuando estos se esperan para la atención de los salvadoreños retornados, según Valdez.
Estos puntos solicitados por el Ejecutivo no han sido aprobados por los diputados.
