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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó que sometió a trámite la controversia entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, con respecto a la Ley Especial, que contiene normativa para votar desde el exterior a elecciones presidenciales.
El mandatario, Nayib Bukele, argumentó que el Órgano Legislativo violó el artículo 3 inciso 1° y 72 ordinales 1° y 3° de la Constitución y la Sentencia que promulgó este tribunal el 23 de diciembre de 2016.
En aquella resolución, el tribunal constitucional obligó al Congreso a formular una ley para incluir a la diáspora en las votaciones de Alcaldes y Diputados y asimismo para que puedan postularse a cargos públicos de elección popular en comicios presidenciales, legislativos y municipales.
Sin embargo, el Legislativo no aprobó esta normativa, y, según Bukele, vulneró el derecho al sufragio –pasivo y activo- y a la igualdad de los salvadoreños en el extranjero, porque los Diputados solo abarcaron las elecciones de Parlamento Centroamericano, Diputados y Alcaldes y por la vía de correspondencia; y no voto electrónico.
Además no establecieron una circunscripción electoral departamental para los salvadoreños nacidos en el extranjero. Y en su lugar, dispusieron de requisitos como el pago del impuesto sobre la renta, DUI, de ellos o de su familiar, y escritura de vivienda, para demostrar que tiene arraigo en el país. “Y es que al no haber nacido en El Salvador, no se prescribe a cuál circunscripción electoral se asignarán los votos que emitan”, detalla el argumento presidencial.
Los Magistrados le dieron diez días, tanto a la presidencia como al parlamento: uno para que justifique sus razones para vetar el decreto en un primer momento; y el segundo por superarlo.
El Órgano Legislativo deberá responder también porque no reguló el sufragio pasivo de los salvadoreños residentes en el extranjero para participar en las elecciones, ni dictaron un mecanismo para participar en comicios de este tipo.
