«Me parece lo correcto, aquí no se trata de estar revisando ni auditando a través de periódicos, y está bien porque hay libertad de expresión, pero la realidad la va a determinar las instituciones que revisen los procesos», mencionó la Comisionada Presidencial, Carolina Recinos, sobre la apertura de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios por contrataciones con el Estado, sobre todo dirigidas al Ministerio de Salud en el marco de la pandemia.
El Fiscal General, Raúl Melara, indicó que el Ministerio Públicó abrió investigaciones en torno a las revelaciones periodísticas que develan a funcionarios Ejecutivos y Legislativos involucrados en venta de insumos médicos al Estado.
En lo que va de la emergencia por el COVID-19, el Ministerio de Salud ha requerido de insumos como mascarillas y protectores faciales; no obstante, este tipo de insumos han sido vendidos por empresas cuyos propietarios son funcionarios y hasta diputados de la Asamblea Legislativa, según los hallazgos de periodistas de distintos medios.
Entre estos, se descubrió que Jorge Aguilar, ex presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), vendió al Gobierno $250,000 en concepto de caretas de protección, por medio de su firma INSEMA S.A de C.V. En el mismo orden, fue nombrado el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien se le señala de vender este tipo de indumentaria al Ejecutivo por $750,000 a través de una empresa donde aparece como fundador y director.
En otro reportaje a cargo de El Faro, apunta al diputado independiente, Gustavo Escalante, como administrador suplente de una empresa que nunca vendió mascarillas quirúrgicas, y a pesar de ello obtuvo $344,000 del Gobierno por la venta de las mismas.
