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El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, ordenó embargar los bienes de la empresa ASTALDI, vinculada a un caso de desfalco de fondos y lavado de dinero por parte del ex presidente Mauricio Funes y varios de sus funcionarios en la gestión 2014-2019.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, UECLA, de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer este martes, la resolución emitida por esta instancia y en la cual analizó las peticiones de la parte querellante, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de que la empresa, de origen italiano, estuvo involucrada en el desvío de fondos públicos a cuentas personales de Funes y cinco más alrededor del desarrollo de la Presa El Chaparral, ubicada en San Luis de la Reina, San Miguel.
Jueza verifica estado de la Presa El Chaparral
ASTALDI tiene activos con valor de $227 millones 675 mil 113 dólares y pasarán a control judicial, cuyos propietarios son Mario Federico Pieragostini Maiocchi y José Leopoldo Samour, este último Presidente de CEL, en la gestión Funes.
Según informó la CEL, el monto del embargo se desglosa de la siguiente manera: $61 millones en responsabilidad civil; es decir, los daños al Estado; $54 millones pago de intereses por préstamos que se habían dado para la construcción y $111 millones, monto que se calcula que habría sido generado por la Presa Hidroeléctrica si se hubiera terminado en el tiempo establecido.
Además, la Jueza Nora Montoya, pedirá asistencia judicial al Gobierno italiano, conforme a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, para desarrollar investigaciones, procesos y actuaciones de ASTALDI y la participación del Presidente Paolo Astaldi.
“Este juzgado considera procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI S.P.A. siendo su presidente Paolo Astaldi en dicho país”, señala una parte de la resolución.
De igual forma, en la decisión judicial se fundamenta que, en relación a la persona jurídica, esta responde por los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por su representante con motivo del desempeño de su cargo, ya que la condición del representante legal lo vincula con la persona jurídica específica y que en este caso es ASTALDI.
Además de Funes, Samour y Pieragostini, figuran como imputados José Miguel Antonio Menéndez (Mecafé) Avelar, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, esta última pareja de Funes.
Los delitos que se les imputan son peculado, lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
Caso de Lavado de Dinero
De acuerdo con la FGR, en 2011 CEL pagó $45,244,418 más a la empresa ASTALDI, luego que esta justificar un incremento o ajuste del precio del contrato por imprevistos en la construcción, desembolso que no tenía un fundamento legal. Este monto se habría dirigido a bancos en Italia, finalizando en Panamá, donde según la acusación, los implicados adquirieron dos «sociedad fachada» para recibir dinero.
Para el caso se analizó y depuró la prueba ofrecida al inicio del caso, por lo que la acusación cuenta con 34 experticias, 112 evidencias, 1,252 documentos analizados y tiene 70 testigos que acreditan el hecho, indicó la FGR.
