El juez de Instrucción de San Francisco Gotera que conoce el caso de la Masacre de El Mozote, certificará a la Fiscalía General de la República (FGR) el bloqueo de militares a los archivos en poder del Estado Mayor Conjunto.
Jorge Guzmán aseguró en una entrevista con El Faro, que la diligencia “tiene que hacerse”, ya que había una resolución judicial que ordenaba al Ejército permitir el ingreso a las instalaciones a inspeccionar los documentos relacionados a la “Operación Rescate de Morazán”, de la cual supuestamente se cometió la masacre de 889 personas en el Cantón El Mozote y sitios aledaños de Meanguera, el 11 de diciembre de 1989.
“No me cabe duda que Fiscalía o acusación también lo van a pedir. Pero aún si no lo piden, esa es mi obligación porque estamos ante un hecho. Hay una resolución judicial que ya estaba firme. Ya no se podía atacar por ningún medio. Lo único que quedaba, como le explicaba ese día al coronel [Carlos] Vanegas, es su ejecución, su cumplimiento. Sin embargo, se negó el acceso”, dijo el jurista a ese medio.
En la misma publicación, Guzmán valora que se pudo incurrir en los delitos de desobediencia, “será la Fiscalía la que va a calificar. Yo solo doy los hechos. La Fiscalía tendrá la tarea de adecuar esos hechos al derecho”, advirtió.
Guzmán defendió la resolución que emitió argumentando que iba destinada a la “búsqueda, identificación, localización de evidencia útil en la investigación de un hecho delictivo”, y que abarcaba informes de 1981 a 1984, por lo tanto dijo que la no realización de las pesquisas “afectaba el proceso y desde luego, a las víctimas”.
“Ahorita se está en una fase de recolección de pruebas, no en una fase de valoración de prueba”, soslayó. Y prosiguió: “Dentro del proceso El Mozote, las víctimas son la figura central del proceso. En este proceso se están aplicando estándares de derecho internacional, no porque lo diga yo, sino porque así lo han dictado las dos sentencias que le han dado vida a este proceso”, refiriéndose a la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) y la derogación de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2016.
Críticas del Presidente
El Presidente Nayib Bukele, desestimó en Cadena Nacional la intención del Juez para desarrollar las inspecciones, indicando que había motivaciones políticas y electorales, que buscaban dañar la institución castrense.
“Los jueces no obedecemos a motivaciones políticas. Nuestra única finalidad es que se investigue y se esclarezcan los hechos”, respondió al señalamiento, arguyendo que tienen la competencia material y territorial para ingresar a conocer los documentos: “si examinamos el Código Procesal Penal derogado de 1973 y la normativa vigente, en ambas establece que el juez se puede trasladarse a cualquier lugar del territorio a realizar diligencias de forma personal”.
“Todo eso nos lleva a establecer que sí somos competentes. Ni la Constitución ni las leyes establecen excepciones para el caso de no ingreso de los archivos de la Fuerza Armada. No hay un suprapoder, como decir que la Fuerza Armada está encima de los otros poderes”, agregó.
El mandatario también se refirió a que en los registros militares del Ejército podría haber referencias a planes de seguridad que actualmente se están llevando a cabo, en el marco del Plan Control Territorial.
“Si en la práctica se hubiera encontrado por casualidad, como él lo dijo, el Plan Control Territorial que está aplicando la Policía y la Fuerza Armada en la actualidad, eso, desde luego, no es pertinente para el proceso. Así que el señor presidente y el señor ministro deberían estar tranquilos en cuanto a eso. Si yo me pongo a hurgar en los planes militares recientes que ellos dicen, ¿no cree usted que podría estar incluso cayendo también en una conducta delictiva? Conozco cuáles son mis facultades como juez y no me voy a salir de ellas”, puntualizó Guzmán.
