El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de Trabajo, firmaron un convenio, en el cual se otorgarán beneficios laborales a los empleados que participen en las elecciones del 2021.
Según detalló la Presidente del TSE, Dora Martínez, explicó que el beneficio abarcará tanto a los que fungirán en las Juntas Receptoras de Voto y quienes se postularon a candidaturas a Diputados, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales.
Martínez informó que buscan que los patronos no vulneren el derecho al sufragio, que no hayan descuentos, que cumplan con la ley, y que otorguen un día de descanso luego de las elecciones a las personas que van a participar en las mesas y juntas.
“Puede que el 28 de febrero, fecha de las elecciones legislativas y municipales, los trabajadores tengan que presentarse a laborar, y este convenio permite que el Ministerio, garantice que los trabajadores cumplan con su deber cívico de emitir el sufragio y que no sean perjudicados”, explicó la funcionaria.
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el convenio protege también a las Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales, votantes, y los seleccionados a participar en la logística de los comicios.
«La firma del convenio busca garantizar; antes, durante y después de las elecciones, los derechos de los trabajadores. El TSE está armando un andamiaje a fin de lograr el éxito del evento, nosotros vamos a garantizar que las personas que por mandato de ley deben participar en el proceso, gocen de todas las garantías institucionales en materia laboral», señaló.
En ese sentido, la cartera laboral, preparará un programa de contratación de abogados, que se mantendrán realizando inspecciones a las empresas que cumplan con la normativa legal. “Este contingente de inspectores, los vamos a desplegar en los 14 departamentos”, añadió Castro.
El TSE y el Ministerio elaborarán un plan de trabajo para asegurar el cumplimiento y dar seguimiento al convenio, promoverán y divulgarán los avances de las actividades.
Por su parte, la institución laboral deberá brindar servicios de orientación y asesoría a personas que le sean violentados sus derechos en su trabajo.
