PDDH pide que Ley de Reconciliación no sea aceptada por la Sala de lo Constitucional

El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, asistió a la audiencia oral y de seguimiento de la Sala de lo Constitucional para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en el año 2016.

Tobar debía explicar las acciones en pro de los derechos humanos ante los crímenes de guerra que ha realizado la institución a partir de referido año, así como la intervención en el proceso de ley que correspondía a la Asamblea Legislativa.

Referida ley debía regular el acceso a información, propiciar la investigación, enjuiciamiento, así como el esclarecimiento de la verdad y sanción a responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ocurridas en el conflicto armado.

Presidente Asamblea Legislativa: Ley de Reconciliación cumple con requerimientos de sentencia de la Sala de lo Constitucional y derechos humanos; fracciones estudian superar el veto presidencial

Según el Procurador, el Parlamento incumplió con los principios planteados por el Máximo Tribunal, pues asegura que contraría la Constitución de la República.

El aspecto que fue resaltado por Tobar fue que la legislación incumple el estándar de la pena y gravedad, lo que es contrario a los derechos de las víctimas, ya que el proceso y la sanción podría depender de la enfermedad o edad de los hechores de los crímenes de lesa humanidad; tampoco contempla la calificación del delito y grado de participación, lo que implicaría impunidad.

«La ley deja de lado a las víctimas, de la situación que viven», dijo el titular de la PDDH.

Por lo que solicitó a los magistrados que la ley se tome como un incumplimiento a referida sentencia y que se ordene formarla nuevamente.

Además, instó a que la nueva normativa incluya un precepto legal que obligue a la apertura de archivos de la Fuerza Armada, así como un grado de sanción en caso que no se permita por funcionarios o empleados públicos.

También que se eliminen de todas las instituciones estatales un 70% del rubro presupuestado  a publicidad, para que esos fondos se dirijan la reparación integral a las víctimas.